Crece la ola de ofensas gratuitas en contra de los biocombustibles argentinos

El próximo 12 de mayo vence la Ley 26.093,  que regula y promociona los biocombustibles en Argentina. El 29 de octubre pasado el Senado de la Nación dio media sanción por unanimidad al proyecto de la Senadora María de los Angeles Sacnun, para extender la vigencia de la ley hasta el 31 de diciembre de 2024. 

El expediente respectivo pasó a Diputados para su revisión y hasta el momento no fue tratado en la Cámara Baja, pese a la promesa, que en tal sentido, había manifestado su presidente, Sergio Massa.

En su reciente discurso del Presidente de la Nación al Congreso, con motivo del inicio de las sesiones ordinarias, el tema “biocombustibles” no fue incluido. No pasan desapercibidas las operaciones más diversas que se efectuaron para evitar ese debate, vinculadas a intereses que se ven amenazados por el desarrollo de los biocombustibles y que lograron que el Presidente de la Nación no incluya la referida revisión, entre los temas tratados en el último período de sesiones extraordinarias.

De acuerdo a lo expuesto por Alberto Fernandez en su último viaje a Tucumán, todo indica que el Ejecutivo se inclinará por una nueva ley. Esta resulta necesaria para facilitar nuevas inversiones, cuestión muy sensible y compatible con el establecimiento de un horizonte de planeamiento a largo plazo y una revisión que adecúe el texto legal a los cambios científicos y tecnológicos que ha habido en materia de biocombustibles.

Sin embargo, debido al exiguo plazo restante de aquí al 12 de mayo próximo, con la consecuente falta de tiempo para sostener un rico debate legislativo en la materia, se genera la imperiosa necesidad de prorrogar la ley actual, aunque sea por un corto tiempo, abriendo paso a un período de transición, hasta que el Congreso de la Nación sancione una nueva ley.

Contribuciones de la Ley de Biocombustibles. Cambio de paradigma. Precios relativos con los derivados de petróleo. Es importante recordar que esta Ley tiene por objetivo contribuir a:
La reducción de gases efecto invernadero, causantes del calentamiento atmosférico global y el cambio climático. Las producidas por el uso de combustibles minerales son una de las principales fuentes de emisiones de GEI.

Reducir las externalidades negativas sobre la salud, vinculadas al uso de combustibles minerales. Sostengo que el Ministerio de Salud de la Nación debe prestar mucha atención a esto y alertar al Presidente de la Nación y al Congreso de la Nación, sobre la inconveniencia de seguir apoyando el uso de combustibles minerales.

Un reciente informe de académicos vinculados a la Universidad de Harvard, dan cuenta de la enorme cantidad de muertes generadas el año pasado como consecuencia al uso de esos combustibles, además del recordado informe de la OMS de 2012, sobre el vínculo de las emisiones de gasoil con el desarrollo de cáncer de pulmón y vejiga.

Industrializar la producción agrícola en origen, con el consiguiente valor agregado local y promover la innovación y tecnología a lo largo de toda la cadena de valor de los biocombustibles –potenciando la demanda de empleos sustentables-, tomando en cuenta que Argentina es un país estructuralmente productor y exportador de las mismas.

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Favorecer las economías regionales y la radicación de pymes.
Sustituir importaciones de combustibles minerales, operatoria que  en muchos casos, mejora el balance de divisas.

Desconcentrar el mercado de combustibles líquidos, que es de tipo oligopólico, casi monopólico –imperfección que atenta contra los consumidores-.
La medida más importante que contempla la Ley 26.093 es el mandato para que se incorpore obligatoriamente un mínimo de un 5 % de biodiesel al gasoil y de bioetanol a la nafta respectivamente,  aumentando dicho porcentaje de acuerdo a lo que establezca oportunamente la Secretaría de Energía.

Actualmente ese mandato se ubica en un 10 % para biodiesel y 12 % para bioetanol, aunque en la práctica, es mucho menor en biodiesel. El precio de ambos biocombustibles, asociado a la compraventa destinada a cumplir el referido mandato, lo debe establecer periódicamente, la Secretaría de Energía, respetando a través de una fórmula los costos de operación, financieros y una rentabilidad razonable.

Reciente crisis del segmento de la industria de biocombustibles que abastece al mercado interno

Las industrias que lo integran llegan al final del régimen con su economía muy deteriorada –muchas al borde de la quiebra- producto del incumplimiento del marco regulatorio: por un lado, la Secretaría de Energía, que en muchas ocasiones no actualizó a tiempo el precio para la compraventa asociado al mandato, o lo hizo con valores que no cubrían los costos de producción; y por otro lado, los refinadores de petróleo que de manera recurrente, no cumplieron con su obligación de mezclar con determinada cantidad de biocombustibles, no siendo sancionados por la Secretaría de Energía en tiempo y forma.

Recién sobre finales del año anterior y principios del presente, el actual Secretario de Energía Darío Martinez -con mucha vocación y esfuerzo, superando los condicionamientos políticos existentes- concretó un acuerdo con los productores de biocombustibles, que permite dar cierta previsibilidad al negocio hasta mayo próximo, aunque estableciendo importantes recortes en la cantidad utilizada en el caso del biodiesel, y en los precios de la respectiva compraventa mandatoria en  el caso del bioetanol-.

Campaña en contra de los biocombustibles. Fake news. La cuestión de los precios relativos en surtidor. Impacto en el Índice de Precios al Consumidor

Una mayoría de refinadores de petróleo y algunas automotrices locales, argumentan que los biocombustibles –principalmente el biodiesel- son de mala calidad. En la práctica, aquéllos usaron unos pocos casos de deficiencias, para generalizar el problema citado sobre todos los biocombustibles. Si tuviesen que mostrar pruebas, quedaría a la intemperie la jugada llevada a cabo para difamar las cualidades de los biocombustibles.
Entre la larga lista de desvíos entre la realidad y las críticas que esa mayoría de refinadores de petróleo han trasladado en on o en off a los medios de prensa, existe uno que es parte de la ciencia ficción: El que vincula los biocombustibles a los problemas económicos que presenta YPF S.A., los cuales nada tienen que ver con ellos, sino que derivan fundamentalmente de un serio problema de gestión atribuible a distintas etapas transitadas desde 2012 a la fecha.

Otra de las cuestiones que se usa como caballito de batalla para atacar a los biocombustibles, es el supuesto gran impacto en surtidor que genera la incorporación de los mismos en mezclas con nafta y gasoil. Como ejemplo, vale destacar que desde el inicio del mandato legal de uso de biocombustibles a la fecha, el aumento de las naftas en salida de refinería superó en un 28 % al aumento del precio del bioetanol establecido por la Secretaría de Energía.

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Por lo tanto, muchos aumentos en el precio de la nafta anunciados por los refinadores de petróleo, que se justificaron ante la opinión pública en el aumento del precio de este biocombustible, no tuvieron sustento alguno en ello.

El uso de maíz para la producción de bioetanol en Argentina, representa alrededor del 3 % de la producción total de este cereal en el país, cuyo precio se forma en el Mercado de Chicago. Por tal motivo, la incidencia que esta demanda produce en el precio local del maíz y por ende, sobre el precio de los alimentos, es despreciable.

En el caso del aceite crudo de soja, su transformación local en biodiesel ayuda a sostener su precio, para evitar que el mismo converja al precio del aceite de palma, que es el más barato –o incluso por debajo del mismo-. Pero la influencia de aquel aceite en la mesa de los argentinos, es insignificante.

No es lógico entonces que se haya instalado que el bioetanol de maíz y el biodiesel de soja, encarece el precio de la canasta alimentaria nacional.

La cuestión fiscal. Primarización de las exportaciones

Los biocombustibles están fuera del alcance de los impuestos específicos que gravan a los combustibles minerales, dado que el objeto de esos tributos, es castigar la contaminación y los daños colaterales a la salud que genera la combustión con hidrocarburos.

Es a todas luces irracional gravar a los biocombustibles como pretenden los refinadores de petróleo, pero más aún lo es cuando el gas vehicular, por ejemplo, está totalmente desgravado y el fuel oil –combustible muy contaminante- solo tributa el Impuesto al Dióxido de Carbono.

Si a algunos de los refinadores de petróleo tanto les interesan los recursos del Fisco Nacional, deberían antes analizar en profundidad los beneficios que recibe su actividad misma. Además, deberían destacar el esfuerzo realizado por todos los argentinos para soportar precios en surtidor acordes a los altos niveles de barril criollo fijado por encima de los precios internacionales, y los subsidios otorgados a Vaca Muerta, entre otros incentivos fiscales vigentes.
No obstante todo lo descrito antes, el Fisco Nacional si quisiera mantener su nivel de recaudación en los citados impuestos, podría gravar el 100 % de las mezclas obligatorias que se comercializan en el país, compuestas por combustibles minerales y biocombustibles, dejando desgravado a éstos cuando se expendan puros. No es lo deseable, pero podría ser una propuesta a analizar ante una restricción fiscal severa.

En otro orden, los refinadores de petróleo y varias automotrices locales, plantean que al país le conviene primarizar sus exportaciones, dado que por transformar aceite de soja o maíz en biocombustibles, el Estado no recauda derechos de exportación. Se trata de un planteo que atenta contra la industrialización nacional y la agregación de valor de nuestra producción primaria, equivalente a lo que representaría exportar todo el petróleo crudo que se procesa en el país e importar todos los combustibles que aquí se consumen, o exportar todo el maíz que se transforma en alimento para ganado, e importar toda la carne que consumimos.

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Atraso de precios de los combustibles en surtidor

Por estos días, los refinadores de petróleo exteriorizan que los combustibles en el país tienen un atraso de precio del orden de un 16 %. Sin embargo, tanto el precio promedio ponderado de la nafta como el del gasoil comercializado en nuestro territorio, está muy por arriba de su paridad de importación.

Desde hace varios años, salvo en los períodos en que existieron congelamientos de precios, los márgenes de  refinación por barril de petróleo en el país, han superado ampliamente a los márgenes internacionales, prueba de como un mercado oligopólico, casi monopólico, hace pagar al consumidor sobreprecios.

Debe quedar claro, que los biocombustibles no son responsables de los citados sobreprecios; Y también, que gran parte de los refinadores de petróleo piden al complejo industrial de biocombustibles que opera atendiendo la demanda local, un nivel de eficiencia y de competencia que ellos mismos están muy lejos de tener.

Consideraciones finales

El petróleo lleva más de un siglo y medio de desarrollo en el mundo y más de un siglo en Argentina, mientras que los biocombustibles se desarrollaron en los últimos quince años. Esa diferencia, implica fuertes asimetrías en la maduración de sus complejos industriales y por ende los costos relativos –en contra de los combustibles renovables-, por lo que no se puede pretender una competencia de igual a igual entre ambos.

Considero que sería un error histórico muy importante si Argentina no consolida su política de biocombustibles, extendiendo la vigencia de la Ley 26.093 primero, y sancionando luego una moderna y nueva ley para los mismos, evitando que se construya un nuevo oligopolio con los mismos. Es insoslayable que el mundo abandona paulatinamente al petróleo y en nuestro país, no ceden las presiones de un pequeño grupo de agentes económicos –que tienen un altísimo poder de influenciar en las políticas públicas- para alargar la vida útil de sus activos más allá de lo que el ambiente y la salud de los argentinos, lo aconsejan.

* Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno

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