El fallo del juez que suspendió la IVE "es una injerencia antidemocrática"

La Agrupación no consiente "una nueva persecución a los derechos sexuales y (no) reproductivos".

La Agrupación Católicas por el Derecho a Decidir repudió este martes la «injerencia antidemocrática» del Poder Judicial ante la resolución de un juez federal marplatense que dispuso la suspensión de la ley IVE en todo el país y denunciaron las «apreciaciones personales» volcadas en el fallo para apartarse de una ley.

«Repudiamos la injerencia antidemocrática del Poder Judicial sobre los derechos que hemos conquistado en la calle y en el Congreso, con amplio consenso de la opinión pública«, destacó la Agrupación en un comunicado.

Denunciaron además la «permanencia» en el Poder Judicial de personas que «anteponen apreciaciones personales para apartarse de una ley democráticamente incorporada a nuestro sistema normativo».

Indicaron además que rechazan las «estrategias de funcionarios judiciales que en nombre de Estado eligen clandestinizar la práctica de aborto» lo que vulnera «los derechos de mujeres y personas gestantes a acceder a la práctica en condiciones seguras y dignas».

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La Agrupación manifestó que no consiente «una nueva persecución a los derechos sexuales y (no) reproductivos, ni medidas que abonen al mantenimiento de un sistema de justicia patriarcal y desigual».

Además alertaron a la población y a las organizaciones de derechos humanos «sobre la amenaza que suponen estas estrategias lideradas por grupos que parasitan mecanismos pseudo democráticos, buscando refugio y alianzas en jueces amigos para implementar chicanas jurídicas»

Católicas por el Derecho a Decidir argumentó que Hétor Seri, quien presentó la demanda sobre la cual falló el juez Alfredo López es un «conocido militante y legislador del espacio político de derecha Modín» y destacó que «cuenta con dudosos antecedentes en su haber. En 2019, fue sindicado como responsable de una estafa millonaria al Estado»

Precisaron que los mecanismos antidemocráticos «se evidencian en las 29 presentaciones de recursos de este tipo planteados en diferentes provincias y fueros (Federales y Provinciales), 18 de los cuales ya fueron rechazados».

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Y aseguraron que «como mujeres de fe nos vemos en la urgencia de manifestar que nuestras creencias personales y convicciones morales no pueden ser argumentos para fundar sentencias y mucho menos para limitar derechos y políticas públicas».

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