Fernández aseguró a su círculo de confianza que no se cometieron delitos durante el cumpleaños de Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos.
“Soy abogado penalista desde hace muchísimo tiempo. Y también doy clases en la facultad de Abogacía. Lo que investiga la justicia federal es lo que se llama un Delito de Peligro Abstracto. Por lo tanto, como está probado que no hubo contagios durante el brindis, no hay configuración de la figura penal” aseguró el presidente a su círculo más cercano.
A lo que un funcionario de extrema confianza le preguntó: ¿Y entonces qué hay?.
“Desde el punto de vista penal, no hay nada. Se convirtió en una cuestión ética“, completó el jefe de Estado.
Fernández aún no ha comparecido ante el fiscal federal Ramiro González, quien investiga presuntas violaciones al artículo 205 del Código Penal citado por el presidente DNU, y prohibía reuniones sociales al momento de la fiesta de Yañez en Olivos.
Y descartó que Gregorio Dalbón actúe en este caso como su abogado defensor. Dalbón es experto en causas de daños y perjuicios, y el Presidente busca un letrado patrocinante con mayor expertice en figuras complejas del derecho penal.
Sin embargo, y aunque todavía no está a disposición de Comodoro Py, Alberto Fernández conoce qué sucede en la causa y cómo actuó el fiscal González en investigaciones similares. Desde esta perspectiva, el mandatario confía en su estrategia de defensa basada en Delito de Peligro Abstracto, debido a que este es el argumento teórico que utilizó el fiscal González para poner fin a la acusación de Facundo Moyano.
El 10 de junio de 2020, Facundo Moyano y su pareja hicieron una reunión con otros cinco invitados en su departamento en Puerto Madero. Los vecinos denunciaron al exdiputado peronista por violar el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) que regía por la pandemia del coronavirus. Es un caso igual -con el mismo DNU- que ahora protagonizan Alberto Fernández, Yañez y sus amigos personales.
En Olivos, asumieron que el Fiscal González usaría la “Doctrina Moyano” para terminar el caso que involucra a Alberto Fernández, Yáñez y sus invitados de cumpleaños. Sin embargo, este tipo de cálculo político y judicial puede encontrar un obstáculo aparentemente razonable: cómo la fiesta se dio en la quinta presidencial, que es jurisdicción de los tribunales de San Isidro, no se descarta que la causa termine en manos de Sandra Arroyo Salgado. Y como se sabe en la trastienda del poder, la jueza Arroyo Salgado no es el fiscal González.
Alberto Fernández explicó a su entorno que la causa de la Fiesta de Olivos quedará reducida a “una cuestión ética”. Una mirada penal que contradice sus discursos políticos durante la primera ola del COVID-19. En esos tiempos difíciles, el Presidente amenazaba con poner presos a todos los argentinos que violaran sus DNU dictados para contener los efectos fatales de la pandemia.
Si un chantapufi que se dice profesor universitario de derecho Constitucional, dice que violar un DNU del ejecutivo nacional no es delito, YA la babosa rastrera que salga a pedirle perdón a todos los que procesaron por hacer fiestas clandestina al igual que él, y todos los demás que hayan violado otros DNU, y que comience a devolverles con intereses las multas que les cobraron