La Cámara de Casación Penal anuló el archivo de la causa en contra de Roberto Porcaro, Bernardo Bibel, Juan Manuel Portela, José Luis de Gregorio y otros implicados en la investigación del contrato irregular para construir un elevador de granos en el puerto de Quequén, valuado en 60 millones de dólares. La decisión de revocar el sobreseimiento fue tomada en la Sala IV de la Cámara de Casación, luego de recibir el recurso presentado por la fiscalía. Los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos firmaron el fallo, según informó el diario La Nación
La Sala IV de la Cámara de Casación decidió darle la razón a la fiscalía en su apelación contra la sentencia que había absuelto a los acusados.
El caso se originó en 2012, cuando De Gregorio, en su papel como presidente del consorcio de puertos de Quequén, concedió sin licitación la concesión para la construcción de un elevador de granos en ocho hectáreas situadas en la entrada del puerto conocidas como “Sitio 0”, donde se cargan los barcos que llegan desde el exterior. Se trata de un contrato de casi 50 años a cambio de obras por valor de 60 millones de dólares. La empresa concesionaria, llamada “Sitio 0 de Quequén SA”, se habría creado diez días después de recibir la concesión y entre sus socios figuran “Financial Net., Alea y Cia, E-Grain, Lartirigoyen y Cia, y A&J Nari”.
Por eso, se inició una investigación para examinar la adjudicación irregular de una obra pública en el puerto de Quequén y la concesión de su explotación a un consorcio de empresas privadas, entre las cuales se encontraba la empresa Financial Net Sociedad de Bolsa S.A., sin licitación o compulsa de precios, en violación a la ley de contrataciones del Estado.
Además, se investigó el supuesto pago de un millón de dólares por parte de Roberto Florentino Porcaro, un operador político del Frente para la Victoria, y de su esposa, Patricia Sirvente, a través de bonos del Estado, con el objetivo de hacer valer su influencia sobre los funcionarios públicos encargados de la administración del puerto y lograr la contratación.
Además de investigar la adjudicación irregular y el supuesto pago a Roberto Porcaro, se indagó en un posible lavado de dinero relacionado con los títulos de deuda soberana utilizados para el pago. Estos títulos, pertenecientes a la empresa Helvetic Services Group S.A., mencionada en la causa de “La ruta del dinero K” y el lavado de dinero de Lázaro Báez, habrían sido transferidos a Porcaro por sus representantes, Jorge Chueco y Néstor Marcelo Ramos (también mencionados en la causa Báez), y la operación habría sido llevada a cabo por la firma Financial Net Sociedad de Bolsa S.A., cuyo presidente era Carlos Honorio Mocorrea.
Según la denuncia, desde que se recibió el expediente FMP 2492/2013 en el Juzgado Federal de Necochea, el fiscal federal no habría tomado las medidas de prueba adecuadas para esclarecer los hechos y, en cambio, habría actuado de manera deficiente para archivar el caso, lo que también habría sido adoptado por el juez Bibel, que se basó principalmente en el dictamen desestimatorio del fiscal.
Finalmente, la Cámara de Casación Penal entendió que las cuestiones que la Cámara había considerado acreditadas para dictar los sobreseimientos en el caso de la investigación de la instrucción irregular del caso eran controvertidas y debían ser suficientemente analizadas a la luz de las pruebas disponibles y de las medidas probatorias propuestas por la acusación para esclarecer lo ocurrido y resolver la situación procesal de los imputados. El juez Hornos también consideró que debía revocarse el sobreseimiento de Eric Adler, quien había sido designado como perito de parte por Porcaro y era pariente del fiscal General Adler. Sin embargo, debido a la decisión conjunta de los jueces Borinsky y Carbajo, su sobreseimiento quedó firme.
