El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires aprobó un drástico incremento del 110% en las tarifas de peaje propuesto por la empresa AUBASA, causando malestar en la sociedad. Este aumento es percibido como un ajuste recaudatorio para beneficiar a AUBASA y cubrir su déficit.
Tras dos Audiencias Públicas celebradas el pasado 24 de mayo, una sobre la Autopista Buenos Aires – La Plata y la otra sobre el Sistema Vial Integrado del Atlántico, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires permitió un significativo y criticado aumento en las tarifas de peaje en las concesiones viales provinciales, propuesto por la controvertida empresa concesionaria AUBASA (Autopistas de Buenos Aires S. A.).
El actual incremento es del 50%, y otro del 40% se espera para agosto del presente año. Esto supone un aumento acumulativo del 110% y no del 90% como se informó erróneamente. Cabe resaltar que de agosto 2022 a agosto 2023, el aumento fue de aproximadamente 700%.
Según el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, este aumento es visto como un ajuste recaudatorio que solo beneficia a la empresa AUBASA y busca cubrir su déficit, causando aún más daño social y económico a los usuarios de las vías y a la sociedad en su conjunto. El malestar generado por la ausencia de Legisladores Provinciales, Nacionales por la Provincia, Intendentes y concejales de las distintas localidades servidas por los corredores viales en las Audiencias Públicas, junto con el respaldo del Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Sr. Gastón Arias, al tarifazo de peaje, fue evidente.
La empresa AUBASA parece limitarse a cobrar el “falso peaje o impuesto al tránsito”, transformando las estaciones de cobro en un verdadero instrumento político. Cabe mencionar que las obras realizadas no son financiadas con fondos del peaje, sino a través de aportes del Estado Provincial, Nacional o créditos del BID.
A partir de agosto 2023, un automóvil terminará pagando, ida y vuelta, de Capital Federal a Mar del Plata, la suma de $4.800. Mientras que un camión realizando 20 viajes al mes, ida y vuelta, de Capital Federal a Mar del Plata, al año pagará $4.700.000.
Año tras año, desde el inicio de las concesiones viales en la Provincia de Buenos Aires, y especialmente en lo que respecta al Sistema Vial Integrado del Atlántico (Autovía 2 y Ruta Provincial Interbalnearia 11 y conexas), se han producido, sin ningún control, drásticos aumentos en las tarifas de peaje, considerados abusivos e injustificados, carentes de fundamento técnico-económico. Bajo el actual Gobierno que encabeza Axel Kicillof, se continúa con la estafa vial, favoreciendo el interés particular de la empresa “estatal” AUBASA.
Un grave problema que nadie parece tener en cuenta es que las concesiones viales tienen carácter de “servicio público”. Sin embargo, no se ha creado un Marco Regulatorio – Ente Regulador que incluya la participación de los usuarios viales directos e indirectos. Nunca fue considerado por los distintos gobiernos de la Provincia de Buenos Aires ni por la Legislatura bonaerense, a pesar de las repetidas solicitudes del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV). Tampoco fue contemplado por la propia Defensoría del Pueblo de la Provincia. De esta manera, los usuarios viales continúan siendo gravados con el cobro de un “falso peaje o impuesto al tránsito”, claramente inconstitucional e inviable.
Las concesiones viales en la Provincia de Buenos Aires son vistas como una estafa vial y un gran negocio armado para beneficiar a los contratistas, al nefasto club de peaje y a los amigos del poder.
En agosto de 2023, un automóvil terminará pagando, ida y vuelta, de Capital Federal a Mar del Plata, la suma de $ 4.800. Un camión que haga 20 viajes al mes, ida y vuelta, de Capital Federal a Mar del Plata, pagará al año $ 4.700.000.
