En marzo y mayo, PAMI enfrentó déficits de 6 mil millones de pesos, que se dispararon a 51 mil millones en septiembre. El Gobierno inició una auditoría y aplicó recortes, eliminando el 75% de las secretarías y otros cargos, ahorrando 90 mil millones. A pesar de esto, en noviembre el déficit alcanzó los 92 mil millones. Además, se descubrió la venta de recetas falsas y un hackeo que comprometió datos de afiliados.
La situación financiera de PAMI, la obra social para jubilados y pensionados, generó preocupación en el Gobierno debido a los números rojos que se han presentado en los últimos meses. De acuerdo con las cifras oficiales, durante marzo y mayo del presente año, la entidad registró un déficit de 6 mil millones de pesos en cada uno de esos meses. Sin embargo, este desbalance económico experimentó un crecimiento exponencial a partir de septiembre, cuando el déficit se elevó hasta alcanzar los 51 mil millones de pesos.
En respuesta a esta problemática fiscal, el Gobierno ha intensificado una auditoría en PAMI, iniciada a comienzos de año, aplicando lo que se denomina "plan motosierra". Esta estrategia consiste en una significativa reducción de gastos dentro del organismo, buscando optimizar los recursos y mejorar la eficiencia administrativa.
Como parte de las medidas adoptadas desde diciembre pasado, la dirección ejecutiva de PAMI implementó recortes por un total de 90 mil millones de pesos destinados a gastos políticos. Este ajuste presupuestario implicó la eliminación del 75% de las secretarías existentes, así como una disminución del 33% en el número de gerencias y subgerencias y la supresión completa de las coordinaciones locales.
El informe oficial revela que "Esa tendencia se incrementó conforme avanzó el año y la campaña presidencial de Sergio Massa". En noviembre, el déficit ascendió dramáticamente a 92 mil millones de pesos, reflejando una situación aún más crítica para las finanzas del instituto.
Durante el proceso de revisión interna, también salieron a la luz prácticas indebidas como la venta de recetas falsificadas por parte de algunos profesionales. Estos actos ilícitos perjudicaron directamente a los afiliados al privarlos del acceso a medicamentos esenciales. Además, PAMI enfrentó un grave incidente de seguridad cibernética, donde hackers accedieron y expusieron datos personales pertenecientes a más de 5 millones de afiliados. Esta brecha dejó vulnerables a muchos jubilados ante posibles estafas telefónicas.
Ante esta delicada coyuntura, el director ejecutivo de PAMI, Esteban Leguízamo, describió la situación con gravedad: “Pami es un paciente que está en una situación crítica”. La administración tomó cartas en el asunto simplificando su estructura organizativa y reduciendo casi a la mitad los niveles jerárquicos. Se puso especial atención en las obras relacionadas con infraestructura sanitaria y cualquier reforma o modificación pendiente fue sometida a una exhaustiva auditoría.
Estas acciones representaron un considerable ahorro económico para PAMI, pero según los balances presentados, no son suficientes para solventar completamente el déficit. Por ello, se hace imprescindible continuar abordando estos problemas financieros con urgencia.
Leguízamo expresó su compromiso hacia los afiliados: “Quiero transmitirles la seguridad de que estamos trabajando arduamente para revertir esta situación y poder garantizar las prestaciones que cada uno necesita a pesar de la situación con la que nos encontramos”. Finalizó su mensaje asegurando que la gestión actual prioriza la eficiencia y calidad en el servicio, enfocándose en cuidar los recursos y ofrecer atención digna a todos sus beneficiarios.








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