Tras un estudio de cuatro años, Carbap acusa a las empresas exportadoras de prácticas desleales que perjudican a los productores. CIARA-CEC rechaza las acusaciones, defendiendo la transparencia del mercado.
Las autoridades de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) han interpuesto una queja ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). El motivo es investigar si las firmas que comercializan soja, trigo, maíz y girasol se coludieron para establecer precios en perjuicio de los agricultores.
La acción legal de Carbap, que se tramita por vía administrativa, apunta directamente a la Cámara de Industrias Aceiteras de la República Argentina y Centro Exportador de Cereales (Ciara-CEC). Esta entidad agrupa a las 10 compañías exportadoras de granos más relevantes del país, incluyendo multinacionales y nacionales. Estas empresas son responsables de casi la totalidad de las exportaciones argentinas de dichos productos y sus derivados.
Con un discurso que normalmente promueve la libre competencia de mercado, CIARA representa a empresas como Cargill, Glencore, Dreyfu, Molino Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata. Sin embargo, ahora esta cámara está siendo señalada por adoptar una conducta desleal que oscurece los mercados y genera un precio artificial que les favorece en detrimento de los productores rurales.
El presidente de Carbap, Horacio Salaverry, expresó su preocupación al revelar la denuncia presentada recientemente: "Vemos un mercado que no tiene ni la transparencia ni es lo competitivo que debe ser. Y donde no aparece la puja en el mercado, y que por cierto sí aparecen valores de referencia, que son valores únicos que dejan un sabor un poco amargo. ¿Por qué y cómo se fijan estos valores?".
La entidad agropecuaria decidió proceder con la denuncia tras un análisis exhaustivo del mercado que duró cuatro años. Este estudio fue llevado a cabo por su Comisión de Granos y Medio Ambiente en colaboración con el bufete BRIYA y varios expertos en las cadenas estudiadas. Se examinaron aspectos como la evolución de los precios FOS y FAS, la estructura del mercado exportador de granos y las industrias aceitera y molinera, así como el manejo del tipo de cambio por parte de las exportadoras y el impacto en la demanda al imponerse cuotas.
"Del resultado de la investigación surgió la existencia de problemas que afectan a una genuina competencia y transparencia del mercado. En tal sentido, detectamos la posibilidad de distintas conductas anticompetitivas y presuntos comportamientos abusivos que afectan a nuestros productores", comunicó Carbap.
CIARA-CER replicó a estas acusaciones mediante plataformas digitales: "Resultan infundadas las elucubraciones relativas a la existencia de algún tipo de cartelización en el sector exportador. Todas cuestiones que, vale destacar, ya han sido cuestionadas ante la Comisión". Además, enfatizaron que "no es positivo solicitar más intervenciones por parte del Estado. El mercado de granos es transparente, con múltiples operadores y tipos de mercados".
Esta controversia pone en evidencia las tensiones entre los productores rurales y las grandes corporaciones dedicadas a la exportación, mostrando una faceta compleja del comercio agrícola en Argentina. Los resultados finales del proceso administrativo podrían tener implicancias significativas para el futuro inmediato del sector agroexportador del país.








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