El Gobierno redujo un 60% la planta política del Ministerio de Salud, eliminó subsidios a empresas privadas y finalizó contratos con 619 consultoras, ahorrando 140.000 millones de pesos. Adorni destacó el desarme del "Estado empobrecedor" y anunció la revisión del REPROCANN y hallazgos de irregularidades en compras e insumos. En paralelo, Milei terminó 70.000 contratos estatales, aunque solo 15.000 no se renovaron.
El Gobierno reveló recientemente medidas significativas en el ámbito de la administración pública, anunciando una notable disminución del personal político en el Ministerio de Salud y la eliminación de ciertos beneficios económicos para empresas privadas del sector. En un esfuerzo por reestructurar el gasto estatal, se ha decidido también poner fin a los vínculos con numerosas consultoras que colaboraban en un programa nacional enfocado en la juventud.
La reducción del 60% de la planta política del Ministerio de Salud supone un ahorro considerable, estimado en más de 13 mil millones de pesos. Esta medida forma parte de un plan más amplio que busca optimizar los recursos y mejorar la eficiencia del Estado. Además, se ha procedido a la cancelación de subsidios previamente otorgados a entidades privadas de salud, lo cual representa otro paso hacia la racionalización del gasto público.
En palabras del vocero presidencial Manuel Adorni, "Esto es parte del desarmado que queremos hacer con este Estado empobrecedor", haciendo referencia al objetivo gubernamental de transformar las estructuras estatales para evitar prácticas que consideran perjudiciales para la sociedad y económicamente insostenibles. La estrategia incluye también la finalización del contrato con 619 consultoras, implicando un ahorro adicional en torno a los 1.150 millones de pesos.
Además, se ha puesto bajo la lupa el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), donde según Adorni, se han emitido miles de solicitudes sin sustento científico adecuado. Este tipo de revisiones son indicativas del nuevo rumbo que el Gobierno desea imprimir en diversas áreas, buscando mayor transparencia y efectividad.
Los auditores descubrieron irregularidades adicionales como expedientes paralizados y órdenes de compra no ejecutadas, que incluyen desde audífonos hasta motocicletas y tablets. Estos hallazgos subrayan la necesidad de una revisión exhaustiva y una gestión más responsable de los fondos públicos.
Este proceso se inscribe dentro de un ajuste más amplio que afecta al gasto público y a la planta estatal. Recientemente, el presidente Javier Milei había anticipado la finalización de contratos laborales estatales, aunque finalmente muchos fueron renovados temporalmente mientras continúan las auditorías.
A pesar de las expectativas iniciales, solo 15.000 empleados quedaron fuera del Estado en esta segunda etapa; el resto continuará trabajando al menos por otro trimestre. El futuro laboral de estos empleados tras este período es aún incierto, pero desde el Gobierno aseguran que "El objetivo es llegar a lo que corresponda", dejando entrever que habrá más cambios conforme avance el proceso de revisión y reestructuración.
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