Cientos de miles de personas marcharon en Buenos Aires contra los recortes a la educación universitaria del gobierno, en la protesta más masiva de los últimos años.
En el marco de la jornada de protesta contra los recortes del gobierno nacional a las universidades públicas, cientos de miles de personas marcharon por las calles de Buenos Aires. A los estudiantes y docentes, se sumaron ciudadanos, sindicatos y referentes políticos. A nivel país, se calculó que los manifestantes rondaron el millón de personas, convirtiéndose en la protesta más masiva de los últimos años.
Dentro de las políticas de recorte impulsadas por el presidente Javier Milei, la educación superior fue uno de los sectores más golpeados. Cabe recordar que (aun contando los aumentos que la noche anterior a la marcha anunció el gobierno) en términos reales el presupuesto destinado a la educación universitaria cayó un 71%. Asimismo se trata de la inversión estatal más baja en la educación superior desde 1996.
En este contexto, la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), uno de los centros de estudio más prestigiosos del continente, anunció que no estaba en condiciones de permanecer abierta durante la segunda parte del año. Esto fue uno de los principales disparadores para que la Federación Universitaria Argentina (FUA) convocara a una movilización en todo el país, a la que se plegaron también la CGT, los movimientos sociales y sobre todo una multitud de ciudadanos no enrolados en ninguna agrupación.
En Buenos Aires, epicentro de la protesta, los trenes colapsados de gente fueron el anticipo de que se viviría una jornada histórica en términos de convocatoria. La idea original de la organización era concentrar las columnas alrededor del Congreso y desde allí marchar en conjunto hasta Plaza de Mayo donde se leería el documento final. Sin embargo la magnitud de la convocatoria provocó que las calles estuvieran colapsadas de manifestantes y que muchas columnas no pudieran llegar al punto de concentración inicial, aunque concluyeron todas en una Plaza de Mayo desbordada.
Video: Manuel Franco
Hasta la noche anterior a la protesta, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich sostenía que aplicarían el protocolo anti piquetes, que obliga a las manifestaciones a movilizarse por las veredas, custodiados por numerosos operativos policiales. Finalmente, primó la sensatez, no se desplegó ningún operativo policial (solo algunos pocos efectivos a la hora de la desconcentración) y la marcha se desarrolló de manera pacífica sin incidentes importantes.
Además de la FUA, las Universidades de la zona y los gremios, pudo verse a diversas figuras políticas de la oposición. Estuvieron el gobernador Axel Kicillof, el ex candidato presidencial Sergio Massa , los diputados radicales Facundo Manes y Pablo Juliano y representantes del Frente de Izquierda y de la Coalición Cívica entre otros. No obstante estas presencias, el rasgo distintivo fue la cantidad de ciudadanos que marcharon “sueltos” o con sus grupos de amigos o familiares, con carteles y banderas propias.
Durante el acto final realizado en plaza de Mayo, Piera Fernández de Piccoli, presidenta de la FUA, leyó el documento final en el que se afirmó que "defendemos el acceso a la educación superior pública como un derecho. Creemos en la capacidad igualadora de la educación pública y gratuita, en el poder transformador de la universidad como formidable herramienta de movilidad social ascendente”. Asimismo, la joven estudiante afirmó que “Todos los problemas que tenemos se resuelven con más educación y universidad pública, con más inversión en ciencia y tecnología”.
Desde el gobierno nacional, mientras tanto, desestimaron el posible impacto de la marcha. Durante la manifestación, el presidente Javier Milei compartió una publicación en su red social X, en las que se burló de lo que él denominó “lágrimas de zurdo”. El subsecretario de prensa, Javier Lanari, denunció por su parte que “el kirchnerismo y la UCR massista coparon la marcha. Usaron a los chicos para cuidar sus cajas”.
Por otra parte, desde el ejecutivo nacional, anunciaron en los últimos días que "auditarán y fiscalizarán el gasto", de las universidades mediante la Subsecretaría de Políticas Universitarias. Sin embargo, el ente encargado de esta clase de auditorías es la Auditoría General de la Nación (AGN), desde donde respondieron al gobierno nacional que "no es una opción para los gobiernos discutir si la educación pública se financia o no". En ese sentido, desde la AGN explicaron que “es obligación del Poder Ejecutivo Nacional garantizar el financiamiento de las universidades nacionales, dispuesta por el Congreso en el presupuesto nacional, pero no está dentro de su competencia controlar de qué manera se aplican los recursos".
De Simón Franco desde Buenos Aires, para Diario Necochea
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