La Libertad Avanza logró la aprobación de la "ley ómnibus" en la Cámara de Diputados con 142 votos a favor, tras un debate de casi 20 horas.
La jornada legislativa se extendió por casi un día completo, culminando con la aprobación de una versión reducida de la "ley ómnibus" que había sido presentada por el presidente Javier Milei. Con un resultado de 142 votos positivos, 106 negativos y 5 abstenciones, el proyecto logró avanzar en la Cámara de Diputados y ahora enfrenta un análisis más detallado, donde se discuten los capítulos individualmente y se evalúan posibles modificaciones ante ciertos artículos que han generado controversia.
El bloque La Libertad Avanza consiguió un respaldo significativo de distintas agrupaciones políticas, incluyendo el total apoyo del PRO y la mayoría de la UCR, además de Hacemos Coalición Federal y la recientemente independizada Coalición Cívica. Este conjunto de fuerzas políticas ha demostrado su alineamiento con las propuestas del oficialismo.
Representantes de diversas provincias argentinas también dieron su voto favorable, sumándose a la iniciativa gubernamental. Entre ellos se destacan figuras asociadas a los gobernadores Gustavo Sáenz, Hugo Passalacqua, Alberto Weretilneck, Osvaldo Jaldo y Rolando Figueroa, quienes lideran bloques como Innovación Federal e Independencia. Además, José Luis Garrido, vinculado al mandatario Claudio Vidal, contribuyó con otro voto afirmativo.
En contraposición, sectores como Unión por la Patria y el Frente de Izquierda manifestaron su oposición al proyecto. Voces disidentes como las de Natalia De la Sota y los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón también se hicieron eco en el recinto. Por otro lado, cuatro radicales optaron por la abstención tras moderar su postura debido a cambios realizados en el texto original del proyecto.
Para alcanzar un consenso más amplio y asegurar el avance del proyecto, el oficialismo tuvo que sacrificar varias reformas significativas. De esta manera, el documento inicial que contenía más de 600 artículos fue considerablemente reducido a solo 232. Esta decisión estratégica permitió facilitar las negociaciones y obtener la media sanción necesaria.
Durante el debate parlamentario, figuras clave del gobierno estuvieron presentes para monitorear el proceso. Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; Guillermo Francos, ministro del Interior; y José Rolandi, vicejefe de Gabinete; siguieron atentamente los acontecimientos desde sus respectivas ubicaciones en el Congreso.
Perspectivas y próximos pasos hacia el Pacto de Mayo
Con este paso adelante en la legislatura, se inicia formalmente el camino hacia el Pacto de Mayo, una iniciativa que busca ser un punto de inflexión en la gestión de Milei. El Senado tendrá un plazo limitado para dar su veredicto sobre el proyecto antes de proceder a la firma del acuerdo en Córdoba.
Miguel Pichetto resaltó el esfuerzo colectivo detrás del progreso legislativo y enfatizó que las facultades delegadas al presidente son ahora más precisas que en versiones anteriores. "La ley va a salir por el esfuerzo de la política", declaró Pichetto, subrayando la importancia del diálogo constructivo entre el Ejecutivo y el Congreso.
Rodrigo De Loredo elevó la intensidad del debate con palabras firmes dirigidas tanto al Gobierno como al pueblo argentino. En tanto Cristian Ritondo remarcó que muchas propuestas incluidas en la Ley Bases habían sido parte de su campaña electoral.
El cierre lo protagonizó Gabriel Bornoroni quien defendió los objetivos del proyecto: "Estamos cumpliendo el mandato que nos dieron los argentinos". Aseguró que se eliminarán trabas burocráticas innecesarias y organismos obsoletos para agilizar y eficientar al Estado.
Finalmente, Leopoldo Moreau expresó su preocupación por lo que considera una repetición agravada de errores pasados. En contraste, De la Sota mantuvo su posición crítica frente al desmantelamiento estatal propuesto por La Libertad Avanza.
A medida que continúa la votación particular por capítulos, surgen pedidos para debatir algunos artículos específicos que han generado discrepancias. Entre estos temas están las facultades presidenciales para disolver ciertos organismos administrativos y propuestas adicionales relacionadas con impuestos al tabaco y restricciones sindicales.
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