El sector legal de la ciudad se encuentra en el ojo de la tormenta tras revelarse su participación en el Directorio de la Caja de Abogados, donde se levantaron serias acusaciones sobre el manejo de fondos destinados a viáticos.
Recientemente se desató una controversia considerable en la Caja de Previsión Social de la Abogacía de la provincia de Buenos Aires debido a las acusaciones sobre la gestión y el manejo de fondos. Dicha institución, que maneja sumas significativas de dinero destinadas a la jubilación de los abogados, enfrenta cuestionamientos por supuestas irregularidades en el pago de viáticos, los cuales, según fuentes, alcanzan montos de hasta seis millones de pesos mensuales. En medio de esta situación, la ciudad de Necochea se encuentra particularmente afectada, dada la implicación de dos de sus abogados en los órganos de decisión de la entidad.
Según reveló el medio platense 0221, Alejo Manuel Ramallo y Adriana Laura Vives, ambos representantes de Necochea en el Directorio y las vocalías respectivamente, figuran entre los 35 integrantes del mismo, lo que coloca al colectivo legal local en el centro de atención en medio de las acusaciones. Estos abogados participan activamente en la toma de decisiones que afectan a la administración de los recursos destinados no solo a viáticos, sino también a las pensiones de los letrados, muchas de las cuales son descritas por los afectados como "jubilaciones de hambre".
Los cuestionamientos no son menores y llevaron a que varios aportantes a la Caja expresen su preocupación con el medio platense, señalando que la entidad "mientras se pagan jubilaciones de hambre a los abogados" parece concentrarse en el desembolso excesivo en gastos de representación. Este escenario generó un malestar considerable dentro de la comunidad jurídica, que ve cómo sus contribuciones parecen no reflejarse adecuadamente en los beneficios que deberían recibir.
Por otro lado, el manejo de los fondos por parte de la Caja es un tema recurrente en cada elección de autoridades dentro de los colegios de abogacía de cada departamento judicial, lo que subraya la importancia de la transparencia y la integridad en la administración de estos recursos. El candidato libertario Marcelo Peña, en una entrevista, expresó la necesidad de "una auditoría de las cuentas de los últimos 10 años y una denuncia penal por presunto fraude", lo que indica la profundidad de la crisis de confianza que afecta a la institución.
La problemática alcanza un nivel tal que incluso se han propuesto medidas drásticas para corregir el rumbo, como la revisión exhaustiva del sistema informático y los procedimientos contables de la Caja. Estos esfuerzos buscan garantizar que los fondos de los abogados sean manejados de manera justa y legal, evitando irregularidades que puedan perjudicar aún más la percepción sobre la gestión de la entidad.
Información de 0221
Enviá tu noticia 
