Dos jóvenes denunciaron que recibían dinero y medicamentos ilegales a cambio de favores sexuales, aprovechando su adicción. La CPM advirtió sobre una posible situación generalizada y complicidad institucional.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) expresó su preocupación ante lo que considera un comportamiento reiterado y planificado de abuso y maltrato hacia los internos del penal de Batán. Según informaron, el jefe de Sanidad de dicha institución fue detenido bajo sospechas de haber cometido actos de abuso sexual contra al menos dos personas privadas de libertad.
El funcionario en cuestión, identificado como Juan Carlos Salas, enfrenta graves acusaciones, entre ellas abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal. La fiscal Florencia Salas, a cargo de la Fiscalía N°1 de Mar del Plata, lideró las investigaciones que culminaron en su detención y en un operativo realizado dentro del Complejo Penitenciario donde se incautaron elementos relevantes para la causa.
La CPM, que participó en una inspección carcelaria como parte de su función como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, se presentó como particular damnificado institucional tras recibir las primeras denuncias. De acuerdo con testimonios recogidos, el jefe de Sanidad ofrecía dinero o medicamentos ilegalmente a cambio de favores sexuales, aprovechándose de la vulnerabilidad y adicciones de los detenidos.
Los hechos descritos por las víctimas solían tener lugar en el área de Sanidad durante momentos en que requerían atención médica debido a crisis relacionadas con su salud mental. Una víctima joven, de 23 años, relató cómo era acosada frecuentemente y recibía mensajes con contenido sexual por parte del ahora detenido funcionario penitenciario. Además, mencionó que le eran entregados psicofármacos sin prescripción médica adecuada.
La CPM calificó estos actos como "un accionar rutinario y sistemático" que incluye hostigamiento y suministro ilegal de medicación a individuos bajo tratamiento y privados de su libertad. Este patrón de conducta no solo representa un abuso directo sino que también implica un grave daño físico y mental para las víctimas involucradas.
Aunque actualmente la investigación se centra en dos casos confirmados, existen indicios que sugieren que podría tratarse de una práctica extendida dentro del penal. La CPM ha advertido sobre la posibilidad de que más personal estuviera al tanto de estas acciones indebidas, especialmente considerando los procedimientos necesarios para acceder al sector sanitario del complejo.
Ante esta situación alarmante, la comunidad aguarda con expectativa los resultados finales de la investigación mientras se plantean serias dudas sobre la integridad y seguridad dentro del sistema penitenciario. La justicia deberá determinar no solo la culpabilidad del acusado sino también establecer medidas para prevenir futuros incidentes similares y proteger los derechos humanos de todos los internos.
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