Luego de que en un principio la Justicia desestimara la denuncia, los vecinos consiguieron que el Fiscal General retome el caso. Asimismo, el funcionario judicial pidió colaboración a la fiscalía especializada en delitos complejos.
La disputa entre los vecinos de los Barrios Los Tilos y la Avícola Jurgen sumó un nuevo capítulo esta semana. Los ciudadanos que viven en la zona acusan a la empresa de contaminar el lugar e incumplir normas sanitarias básicas, por lo que este año llevaron la denuncia ante la justicia.
Según los números que manejan los ciudadanos, la empresa ubicada en calle 106 y 95 cuenta con alrededor de 50.000 gallinas ponedoras. Al no tomar medidas para tapar el guano (donde la mosca pone la larva), se desencadenó una invasión de moscas y un olor nauseabundo que afectan a la vida diaria de los vecinos, llegando incluso hasta el barrio 9 de Julio.
Este año, la problemática cobró notoriedad y Diario Necochea fue publicando las denuncias de los vecinos. En ese marco, finalmente las autoridades municipales tomaron cartas en el asunto e impulsaron una serie de inspecciones por parte de los organismos de control de Bromatología, Senasa, Ambiental y Comercio. Según lo que trascendió en ese momento, las inspecciones verificaron que verdaderamente las condiciones eran insalubres, se sancionó a la empresa y se la exhortó a implementar a la brevedad las medidas de higiene necesarias.
Sin embargo, el mes pasado, pese a la evidencia recolectada, y la abundancia de fotos y videos de los efectos nocivos de la contaminación en el barrio, la justicia decidió finalmente desestimar la denuncia. La causa estaba a cargo del fiscal José Esteban Cipolletti de la UFI Nº 1.
En diálogo con este medio, los vecinos mostraron su indignación ante este fallo y acusaron a la municipalidad de cubrir a la empresa. En ese sentido, entre las diferentes irregularidades que percibieron en el proceso judicial, los vecinos apuntaron la desaparición de la primera acta de inspección, llevada a cabo por la municipalidad, y en la cual se daba cuenta de la gravedad de las infracciones sanitarias de la empresa. Según acusan los ciudadanos, esa acta “se esfumó, se la tragó la tierra”.
Ante este panorama, los denunciantes ya habían adelantado que apelarían al fallo judicial, pidiendo su resolución. Esta semana finalmente la Fiscalía General informó que dio lugar al pedido de los afectados por la contaminación, revocando la anterior desestimación.
En el comunicado judicial, la fiscalía argumentó que “no puede dejarse de considerar la importancia que reviste el impacto de una actividad productiva en la comunidad con potencial daño ambiental y afectación de la sustentabilidad del medio ambiente”. Además, desde la fiscalía señalaron que “la presente investigación debe dar respuesta a las medidas solicitadas por la parte”.
Por otra parte, la fiscalía también dispuso que en la causa colabore el cuerpo de instrucción de delitos complejos. Consideraron que esta colaboración es necesaria debido al “carácter, repercusión y complejidad de la presente investigación”.
Los vecinos recibieron con satisfacción esta medida, pero son cautelosos con respecto a los pasos a seguir. “Ahora lo que sigue es que el fiscal nos va a tener que responder a las medidas probatorias que le pedimos anteriormente”, explicó una de las referentes vecinales.
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