La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires confirmó mediante un reciente fallo la legalidad de la Tasa Portuaria en Necochea. La novedad ya despertó el debate en la ciudad, mientras se espera por la decisión del municipio.
Las Sociedades Rurales del Sudeste Bonaerense manifestaron su preocupación y rechazo ante una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires que habilita a la Municipalidad de Necochea a cobrar la denominada “Tasa Vial Solidaria”, o “tasa portuaria”, en las operaciones del Puerto Quequén, tras el planteo de inconstitucionalidad que había formulado el Centro de Acopiadores de Necochea.
El cobro de una tasa portuaria es un tema que divide a la clase dirigente y productiva de Necochea desde hace varios años. La recaudación de un porcentaje de las millonarias ganancias que obtienen las exportadoras que operan a través del Puerto Quequén, significaría un importante alivio para las arcas de la ciudad y hubo muchas iniciativas al respecto, aunque históricamente fue difícil de implementar.
En febrero de 2015, el Concejo Deliberante logró aprobar, con el voto afirmativo de 16 ediles, la creación de una tasa portuaria. La “tasa única por mantenimiento extraordinario de las arterias viales urbanas” fue de esa manera contemplada en la ordenanza fiscal e impositiva.
La tasa aprobada en ese momento, dictaminó que las exportadoras que utilizaran el puerto Quequén, abonarían 33 centavos por cada dólar exportado según el tonelaje de la carta de porte, aclarándose que no era con cargo al transportista. La aplicación de la tasa chocó contra la resistencia de las exportadoras y su cobro se volvió infructuoso.
De acuerdo con el fallo del tribunal supremo, los usuarios de operaciones del puerto afectados en el pago de la tasa deberían abonar el retroactivo y costas generadas desde la cautelar emitida hasta que hubiera resolución, pero además habilitaría la continuidad de la liquidación del tributo.
El 8 de agosto de 2017 se intimó a 36 empresas a pagar por entonces 81 millones de pesos, cifra que estaba basada en el volumen de toneladas operadas en Puerto Quequén durante el año 2016 y los meses transcurridos de 2017. Sin embargo, en diciembre de ese mismo año el Concejo Deliberante decidió derogar la tasa, aunque respetando su continuidad judicial en cuanto al período de vigencia, reclamo que continuó su derrotero judicial hasta el reciente fallo positivo de la justicia.
El fallo favorable de la Corte bonaerense, puede representar una inmejorable oportunidad para que en épocas de severos recortes por parte del gobierno nacional, el municipio pueda incrementar su presupuesto, sin tener que cargar de impuestos a los ciudadanos. Cabe recordar que en su momento se había establecido que el ochenta por ciento de lo recaudado sería destinado a mantener la red vial por donde transitan los camiones en Quequén y el veinte por ciento restante, para política sanitaria de la localidad.
“Si bien se dice que la tasa es para la mejora y mantenimiento de calles y accesos a Quequén, formalmente no existe la afectación de los recursos que genera y va a la caja general del municipio”, criticaron desde las entidades que componen esta Zona 6 de CARBAP.
El municipio aún no se expresó al respecto, pero la novedad judicial ya despertó el debate en el distrito. Uno de los primeros en manifestarse fue Daniel Yanqui López, ex precandidato a intendente y referente local de Patria Grande, quien aseguró que "está claro que ahora es solo decisión política si le siguen metiendo la mano en el bolsillo a los contribuyentes o por fin se ponen los pantalones largos y se le cobra a las exportadoras sin perjudicar al productor."
Si bien la “tasa portuaria” sería pagada por los operadores que exportan vía este puerto, inmediatamente ese gasto le es liquidado o descontado al productor: es decir, es otro impuesto que se suma a la muy pesada carga que afecta al sector, y que no redunda en servicio alguno”, advirtieron.
En tal sentido indicaron que “un productor de General Guido, o de Tandil, con esta tasa, estaría financiando la mala administración de este recurso que absorberá la Municipalidad local, sin que redunde en ninguna mejora logística clara”.
Desde la otra vereda, quienes ya expresaron su total rechazo a la medida fueron los sectores agrícolas exportadores. Esta semana el presidente de la Sociedad Rural local, Eugenio Cardenau, recorrió varios medios de comunicación de la zona rechazando tajantemente la implementación de la tasa y acusando a los distritos estratos ejecutivos de atosigar con impuestos al sector agroexportador.
Por otra parte, la postura del actual intendente Arturo Rojas, sobre la tasa portuaria, ha sido fluctuante a lo largo de su recorrido político. Inicialmente, en el 2015, siendo concejal Rojas por el partido Fe, impulsó el proyecto de la tasa. Sin embargo, dos años después apoyó la derogación de la tasa y en los últimos tiempos no se expresó al respecto.
Subrayaron seguidamente que “en momentos en que debieran racionalizarse los gastos y hacer eficientes las gestiones municipales, provinciales y nacionales para que redunde en más producción y, en este caso, lograr un puerto que pueda incrementar sus movimientos desde cada vez más lejos, se pretende ahogar con más cargos a quienes desde 250 o 300 kilómetros podrían exportar sus granos y generar riqueza por sí misma en la terminal”.
Finalmente, los productores adelantaron que este tema “será puesto en análisis la próxima semana, en el marco de la reunión mensual de Zona 6, para que CARBAP eleve sus reclamos a las autoridades que corresponda.” El comunicado fue firmado por varias entidades, incluyendo la Sociedad Rural de Ayacucho, Sociedad Rural de Mar Chiquita, Sociedad Rural de General Guido, Asociación Rural de General Madariaga, Sociedad Rural de Lobería, Sociedad Rural de Mar del Plata, Asociación de Productores de Benito Juárez, Sociedad Rural de Balcarce, Sociedad Rural de General Alvarado, Sociedad Rural de Tandil, Asociación de Productores de Gonzales Chaves, Asociación Rural de Maipú, Sociedad Rural de Necochea, Sociedad Rural de Rauch, Sociedad Rural de General Lavalle, y la Sociedad Rural de San Cayetano.
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