Yáñez proveerá capturas a la Justicia, que podrían complicar al ex presidente, imputado por violencia de género y amenazas coactivas. Se aguarda su testimonio y el de testigos citados, mientras se define la jurisdicción de la causa.
Dentro del contexto de la investigación por violencia de género iniciada contra el ex presidente Alberto Fernández, Fabiola Yáñez comunicó la pérdida del dispositivo móvil que contenía las conversaciones sostenidas con su antigua pareja durante el periodo en que el Frente de Todos estaba al mando.
La información, divulgada por La Nación, señala que la ex primera dama habría extraviado su teléfono en medio de uno de sus últimos cambios de residencia en Madrid, ciudad donde se ha establecido desde los comienzos de este año.
En una entrevista concedida al periódico El País de España, Fernández manifestó que él tampoco posee las conversaciones intercambiadas con Yáñez entre 2022 y 2023. No obstante, Yáñez aseguró ante la Justicia que presentará capturas de pantalla de dichos diálogos, así como otros mantenidos recientemente con el ex gobernante.
Este hecho podría complicar aún más la situación legal de Fernández, quien ya enfrenta cargos por "lesiones graves doblemente calificadas por el vínculo y perpetradas en el marco de violencia de género con abuso de poder y autoridad" y "amenazas coactivas". Surge la posibilidad de que el ex presidente haya cometido un delito adicional si intentó contactarse con Yáñez tras la medida cautelar dictada por la Justicia el 6 de agosto anterior.
Se prevé que Yáñez comparezca nuevamente ante las autoridades judiciales esta semana para entregar evidencias adicionales que respalden su denuncia contra Fernández. Paralelamente, darán inicio las declaraciones de los primeros testigos convocados. Estas personas están obligadas a relatar los hechos verídicos, ya que proporcionar información falsa constituiría un ilícito penal.
Mientras tanto, persiste la incertidumbre sobre el foro adecuado para procesar la causa. La defensa del ex presidente solicita que se derive a la Justicia Federal de San Isidro, dado que es la instancia competente sobre la Quinta Presidencial de Olivos. En contraposición, Yáñez sostiene, según lo expresado en su declaración inicial frente al juez federal Julián Ercolini, que los episodios denunciados comenzaron en 2016, mucho antes de que Fernández asumiera la presidencia. Esta discrepancia es crucial para determinar dónde se llevarán a cabo las diligencias legales correspondientes."
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