La Defensoría Pública del estado de Río informó que 132 personas fallecieron durante una gran operación en los barrios de Penha y Alemão contra el grupo Comando Vermelho, considerada la más letal en la historia
La Defensoría Pública del estado de Río de Janeiro confirmó este miércoles que la acción policial arrojó un saldo de al menos 132 víctimas fatales en los complejos de la Penha y el Alemão. El operativo, que movilizó cerca de 2.500 agentes, tenía como objetivo principal al Comando Vermelho, una de las principales facciones del crimen organizado del país, y se ha transformado en la intervención de este tipo más mortífera registrada en la historia del estado. Según los datos, la cifra supera la masacre de la cárcel de Carandiru en Sao Paulo de 1992, en la que fallecieron 111 presos.
Vecinos del barrio de Penha relataron que durante toda la jornada fueron hallando cuerpos esparcidos por las calles y zonas de selváticas, con al menos 72 cadáveres encontrados hasta el momento en esa zona, mientras varios de ellos fueron trasladados a la Plaza São Lucas, en la zona norte de la ciudad. Los residentes informaron que desvistieron los cuerpos para facilitar el reconocimiento familiar. Este panorama despierta alertas sobre el procedimiento de recuperación de cuerpos y el cumplimiento de protocolos forenses.

En un primer momento el gobernador del estado, Cláudio Castro, reportó una cifra de 58 muertos y cuatro policías fallecidos durante la intervención, cifra que ya queda ampliamente superada frente al número entregado por la Defensoría Pública. La discrepancia entre el balance oficial del gobierno estatal y el de organismos independientes genera inquietud sobre el flujo de información y la transparencia de las autoridades.

La operación ocurrió en los complejos de Penha y del Alemão, donde el Comando Vermelho tiene una fuerte presencia y controla buena parte del territorio bajo influjo del delito en la región metropolitana. Aproximadamente 2.500 agentes de las fuerzas policiales civiles y militares participaron del despliegue y se cumplieron mandatos de detención, entre ellos el del líder Thiago do Nascimento Mendes, alias ‘Belao do Qutungo’, que formó parte de los cerca de 80 arrestados. Se incautaron más de 30 fusiles de guerra y una importante cantidad de armas de menor calibre. Además, la policía informó que la operación fue recibida con bombas lanzadas desde drones.

Las repercusiones de los múltiples hallazgos de cadáveres en la vía pública y en zonas boscosas han generado señalamientos de posibles ejecuciones extrajudiciales y abusos graves. Organismos de derechos humanos locales y extranjeros han pedido investigaciones independientes y urgentes. Según informes preliminares, algunos de los cuerpos hallados presentaban tiros a quemarropa, estaban atados y mostraban marcas de cortes, lo cual agrava la controversia sobre el carácter de esta intervención.

Este episodio reabre el debate sobre la estrategia de seguridad en Brasil y en particular en Río de Janeiro, donde los índices de letalidad policial han sido observados por especialistas internacionales. La intervención también genera preguntas sobre el papel del gobierno federal, la coordinación interinstitucional, y las políticas de prevención del crimen organizado en zonas vulnerables. Mientras tanto, la ciudad permanece conmocionada y los familiares de las víctimas siguen buscando a desaparecidos en medio de un ambiente de tensión y silencio.
“En 36 de favela, después de varias operaciones, nunca he visto nada parecido. Es algo nuevo, de una brutalidad y violencia de un nivel desconocido”, expresó el activista Raull Santiago al describir la escena de cuerpos tendidos y familiares buscando a sus desaparecidos. El episodio dejó en evidencia la intensidad de la represión en los barrios periféricos y reforzó las críticas hacia el uso de la fuerza en los operativos policiales.








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