El borrador prevé legalizar empleos informales, descarta un límite a indemnizaciones y plantea un blanqueo empresarial sin cargas para fomentar la formalización.
En el Ministerio de Capital Humano un grupo de funcionarios y asesores trabaja con urgencia en un paquete de reforma laboral que se presentaría en sesiones extraordinarias del Congreso. Dentro de ese conjunto de propuestas se especula con mecanismos como el salario dinámico o la modificación de jornadas laborales. Una medida que quedó descartada de plano es el tope a las indemnizaciones, según supo el medio de comunicación Ámbito.
Se analiza también con interés la posibilidad de incluir un blanqueo de trabajadores “a costo cero” para el empleador. Esta iniciativa busca que los empleadores que hoy tienen personal no registrado puedan pasarlos al régimen formal sin afrontar contribuciones patronales, aportes jubilatorios o multas e intereses por atrasos. En este sentido, el abogado laboralista Julián de Diego —que asesora al Ministerio y al secretario de Trabajo, Julio Cordero— afirmó que “el traspaso de trabajadores en negro a blanco tiene que ser gratis, porque de otro modo las pequeñas y medianas empresas no se van a sumar.”
El objetivo declarado de los sectores que impulsan la reforma es generar nuevo empleo y legalizar las relaciones laborales irregulares. En ese marco se contempla que, además de formalizar, la reducción del costo del empleo en blanco sea una ventaja competitiva para las empresas formales frente a la informalidad. De hecho, se estima que la informalidad representa casi la mitad del empleo total en el país: alrededor del 46,4 % de los trabajadores estaban en el sector informal en 2020, según la base de datos de la International Labour Organization.
Una de las referencias que se utiliza para medir la magnitud del problema es el costo laboral internacional. La mayor empresa siderúrgica del país, Techint, calculó que en diciembre del año anterior el costo de la mano de obra en el país era de u$s 16,5 por hora hombre, frente a u$s 10,3 en Brasil y u$s 4,5 en Colombia. Esa diferencia del orden del 60 % más caro que Brasil genera que muchas empresas pequeñas y medianas consideren más viable operar en la informalidad.
La cuestión del blanqueo sin costo aparente para el empleador enfrenta retos complejos. Por un lado, definir si se reconocerá la antigüedad del trabajador al momento de la jubilación puede implicar un mayor gasto para el Estado. Si una persona con 20 años en relación informal es registrada sin que la empresa haya pagado cargas, el fisco podría asumir un costo adicional. Otro aspecto en discusión es si el incentivo a contratar nuevo personal será permanente o temporal, y cómo se articulará con otros instrumentos de reducción de costos laborales para las pymes.
Este impulso reformista tiene también antecedentes históricos. En los años 90, durante la gestión del ministro de Economía Domingo Cavallo bajo el Gobierno de Carlos Menem, se aplicaron reducciones de aportes patronales combinadas con flexibilización laboral. Según Cavallo, la tasa de desocupación pasó del 18,5 % al 12,5 % en ese período gracias a esas medidas. Sin embargo, el contexto de entonces con tipo de cambio barato y otras variables distintas genera reservas sobre la comparabilidad de esa experiencia.
El borrador actual descarta explícitamente establecer un “tope” a las indemnizaciones por despido, lo que según fuentes del Ejecutivo evidencia que la reforma busca mayor amplitud que solo medidas de contención de costos. En cambio, se exploran figuras como los “bancos de horas”, jornadas adaptables y convenios colectivos más flexibles, especialmente dirigidas a pymes y microempresas.
La formalización laboral aparece como eje central del plan: legalizar empleos informales, mejorar la competitividad de quienes contraten de modo formal y reducir la presión del empleo no registrado en el sistema de seguridad social. Con una informalidad cercana al 46 % del total de empleo, el desafío es cuantioso. Si logra avanzar, el impacto podría alcanzar tanto al empleo como a la recaudación estatal y al fortalecimiento de los derechos laborales. No obstante, la letra fina del proyecto marcará si la reforma protege realmente al trabajador o acentúa otros desequilibrios.








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