Buscan esclarecer el rol de funcionarios del Ministerio de Capital Humano y de sectores opositores dentro de la UATRE, entre ellos el diputado libertario Pablo Ansaloni.
La Justicia dictó nuevas medidas en la causa que investiga la intervención de la obra social OSPRERA, vinculada al sindicato UATRE. El juez federal Sebastián Casanello ordenó ampliar los registros telefónicos, la geolocalización y requerir documentación interna del Ministerio de Capital Humano.
Según la resolución, los números bajo análisis corresponden, entre otros, al secretario de Trabajo, Julio Cordero; al diputado nacional Pablo Ansaloni; al interventor de OSPRERA, Marcelo Petroni; y a otros dirigentes y exdirigentes vinculados al gremio rural.
La causa se inició tras una denuncia del secretario general de UATRE, José Voytenco, quien acusó a dirigentes y funcionarios de planear “tomar control del sindicato y su obra social”.
Como parte de la investigación, en febrero se realizó un allanamiento en la sede de OSPRERA, donde se secuestraron dispositivos electrónicos del interventor y de otras personas. Allí se relevaron comunicaciones y documentos considerados clave para determinar si existió un plan concertado para intervenir el sindicato.
El juez también requirió la entrega de expedientes administrativos vinculados a distintas seccionales de UATRE con el fin de verificar si hubo irregularidades o maniobras internas que facilitaran la intervención.
La investigación, aún en curso, busca reconstruir la cadena de decisiones, contactos y movimientos que habrían derivado en la intervención de OSPRERA y en un eventual cambio en la conducción del sindicato. Por el momento, no hay condenas dictadas y la causa continúa abierta mientras la Justicia profundiza la pesquisa.








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