La propuesta comenzó tras una reunión donde se revisó el aumento de siniestros por maniobras riesgosas y se evaluó su impacto en la atención sanitaria.
La ministra de Seguridad, Nancy Sosa, confirmó que el Gobierno de la Provincia de San Luis se encuentra evaluando una iniciativa legislativa que podría modificar de manera sustancial la forma en que se atienden los siniestros viales vinculados a maniobras prohibidas en motocicletas. La funcionaria explicó que la propuesta surgió ante la preocupación creciente por el incremento de accidentes derivados de conductas temerarias en la vía pública, especialmente aquellas asociadas a piruetas ilegales que ponen en riesgo tanto a los propios conductores como a terceros. Esta discusión, remarcó, se desarrolla en el marco de las políticas de seguridad que impulsa la provincia de San Luis.
Según informó Somos Noticias, Sosa declaró que la administración puntana analiza la posibilidad de fijar por Ley que cualquier persona que resulte lesionada mientras realiza este tipo de maniobras prohibidas deba afrontar íntegramente los costos médicos derivados del episodio. Esto incluiría, remarcó, el pago de eventuales prótesis y tratamientos, quedando excluida la asistencia gratuita del sistema público de salud para estos casos específicos.
La propuesta tomó forma tras una reunión celebrada en Buenos Aires, donde autoridades de distintas jurisdicciones intercambiaron información sobre el crecimiento sostenido de accidentes causados por prácticas de riesgo en motociclistas. En ese encuentro, se evaluó el efecto que estas conductas generan no solo en materia de seguridad vial sino también en la saturación de los servicios sanitarios que deben responder ante emergencias evitables.

Sosa subrayó que el planteo no busca criminalizar a los usuarios de motos, sino establecer un marco de responsabilidad individual acorde a la gravedad de estas maniobras, que suelen derivar en lesiones severas y demandar una alta inversión en recursos médicos. En ese sentido, indicó que el Estado tiene la obligación de proteger a la comunidad en general y, al mismo tiempo, promover conductas seguras en el espacio público.
De avanzar la propuesta, la normativa implicaría un cambio relevante en la forma en que se concibe la asistencia sanitaria para siniestros viales vinculados a prácticas ilegales. El objetivo central, afirmó la ministra, es desalentar este tipo de comportamientos y disminuir el impacto económico que representan para el sistema de salud provincial, cuyo presupuesto se ve afectado por la atención de episodios originados en comportamientos evitables.
La funcionaria puntana señaló finalmente que el análisis continúa en marcha y que la decisión se tomará considerando tanto los aspectos jurídicos como los sanitarios y sociales involucrados. No obstante, sostuvo que la discusión resulta necesaria para frenar una tendencia creciente de accidentes asociados a maniobras peligrosas que ponen en riesgo la integridad física de los motociclistas y demandan un uso intensivo de recursos públicos.








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