La DGI denunció a Sur Finanzas del empresario Ariel Vallejo por presuntas maniobras que incluyeron transferencias superiores a $818.000.000.000 y la falta de pago del impuesto a los débitos y créditos.
La Dirección General Impositiva (DGI) presentó una denuncia judicial contra Sur Finanzas —propiedad del empresario Ariel Vallejo— ante la Fiscalía Federal N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal Cecilia Incardona. La presentación se originó tras detectar una operatoria que el organismo considera irregular y que motivó la apertura de una investigación formal.
Según el informe elevado por la DGI, la pesquisa comenzó en abril de 2024, cuando se identificaron movimientos extraordinarios realizados a través de la billetera virtual de Sur Finanzas. Las transferencias analizadas alcanzaron un total de $818.000.000.000, una cifra que generó sospechas por su magnitud y por la incapacidad económica declarada de numerosos usuarios involucrados.
Además de esas operaciones, la DGI sostuvo que la empresa habría incurrido en evasión fiscal al no retener ni pagar el impuesto sobre débitos y créditos entre 2022 y 2025. Por esa presunta omisión, el organismo reclama una deuda de $3.327.267.047,93, correspondiente al tributo no ingresado durante ese período.
La denuncia también describe que una proporción significativa de quienes realizaron movimientos eran “monotributistas sin capacidad económica real”, “sujetos no categorizados” o personas registradas en bases de emisores de facturas apócrifas. La presencia reiterada de perfiles de este tipo llevó al organismo a plantear la sospecha de que la estructura podría haber funcionado mediante prestanombres o intermediarios utilizados para encubrir el origen de los fondos.
Sur Finanzas inició sus actividades en 2022 bajo el nombre Neblockchain SA, en la localidad bonaerense de Adrogué, y en 2024 adoptó la denominación Sur Finanzas PSP SA. Según los registros oficiales, la presidencia de la firma está a cargo de Graciela Beatriz Vallejo y la vicepresidencia de Maximiliano Ariel Vallejo.
La causa, que combina acusaciones por presunto lavado de activos y evasión fiscal, permanecerá ahora en análisis de la Justicia federal, que deberá evaluar la documentación aportada, disponer las medidas necesarias y determinar si corresponde avanzar hacia un proceso penal.








Enviá tu noticia 
