Los allegados sostuvieron que los montos resultan "exagerados" y plantearon realizar inspecciones en la propiedad.
La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un testimonio de alto impacto que sacudió los despachos de la Casa Rosada. El contratista Matías Tabar declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita en el marco de la causa que investiga al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito. Según el testimonio brindado en sede judicial, Adorni habría pagado u$s245.000 en efectivo por las remodelaciones de su propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en la localidad de Exaltación de la Cruz. El testigo precisó que el dinero fue entregado personalmente por el propio jefe de Gabinete, sin que se emitieran facturas por los trabajos realizados, periodo en el cual se instalaron muebles de cocina, revestimientos y artefactos de baño de alta gama.
Frente a estas acusaciones, el círculo íntimo del jefe de Gabinete rechazó de forma tajante la versión del contratista y adelantó que solicitarán una pericia técnica y una inspección ocular sobre la vivienda. Según fuentes cercanas, el funcionario habría manifestado a sus allegados que “Cualquiera que conozca mi casa sabe que no vale ese dinero”, al tiempo que sus voceros indicaron que “Ese no es el monto”, para luego añadir que “los costos nos parecen exagerados” y que la defensa se basará en que el proyecto “cuenta con la buena voluntad del arquitecto que nos iba a entregar la factura por todos los costos y gastos realizados”. No obstante, desde el mismo entorno reconocieron que, hasta la fecha, el profesional involucrado “nunca entregó la factura” por los servicios prestados.
Nuevos frentes de investigación
La Justicia federal también puso la lupa sobre un nuevo frente patrimonial en el barrio porteño de Caballito. Para el miércoles 6 de mayo, se programó una declaración testimonial en relación a la adquisición de un departamento por parte de Adorni. Los investigadores sospechan que este esquema pudo ser utilizado como una herramienta de blanqueo para justificar fondos que no guardan relación con los ingresos registrados por el funcionario y su esposa, Bettina Angeletti, quien en el inicio de la gestión figuraba con una categoría baja de monotributo.
A este escenario se suma la auditoría sobre un viaje familiar a Bariloche realizado a fines de junio de 2024, cuando Adorni se desempeñaba como vocero presidencial. Los registros judiciales confirmaron que el gasto total ascendió a más de $9.000.000. La inconsistencia radica en que, en aquel mes, el sueldo neto del funcionario era inferior a los $3.000.000, lo que significa que el costo de las vacaciones representó más de tres veces su remuneración mensual, una cifra difícil de explicar sin ahorros previos declarados o ingresos adicionales.
Análisis y paralelismos
El caso reactivó en el plano los rumores sobre el pago de sobresueldos dentro de la Jefatura de Gabinete, una versión que circuló desde la gestión de Nicolás Posse. La situación actual generó que diversos analistas jurídicos tracen un paralelismo histórico con el proceso que enfrentó María Julia Alsogaray durante la presidencia de Carlos Menem. En aquel entonces, la funcionaria fue condenada tras no poder justificar su patrimonio, alegando el uso de fondos reservados de la SIDE. En este sentido, rige la doctrina del Artículo 268 del Código Penal, que establece la inversión de la carga de la prueba: es el funcionario público quien tiene la obligación de demostrar el origen lícito de su incremento patrimonial cuando este resulta apreciable y desproporcionado respecto a sus ingresos ordinarios.
A pesar de la gravedad de las pruebas recolectadas, como el peritaje de comunicaciones que se entregó a la fiscalía, el Poder Ejecutivo cerró filas detrás del funcionario. La semana pasada, el presidente Javier Milei y la totalidad de sus ministros se presentaron en la Cámara de Diputados para ofrecer un respaldo público a Adorni durante su exposición.
Este apoyo se complementó con la difusión de un video donde se observó al Gabinete nacional brindando muestras de afecto al investigado, una maniobra política sin precedentes ante una causa por presunta corrupción que sigue su curso en los tribunales federales, donde el acusado todavía no presentó documentación que acredite su inocencia.
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Ya son demasiadas pruebas en su contra. Adorni debería renunciar.