Miles de personas manifestaron este martes contra el freno a la Ley de Financiamiento Universitario, mientras el Gobierno denunció fines partidarios y aguarda un fallo definitivo de la Corte Suprema de Justicia.
Masiva concurrencia llenó la Plaza de Mayo y diversos centros urbanos este martes 12 de mayo de 2026 con el fin de defender la enseñanza estatal y solicitar que se apliquen las partidas de dinero para el sector docente y los gastos operativos de los establecimientos. La segunda movilización federal de este ciclo surgió como respuesta a la decisión del Ejecutivo de frenar la Ley de Financiamiento Universitario, herramienta legal que permitiría recomponer los haberes y sostener el dictado de clases en todas las provincias. Voceros de la Presidencia cuestionaron la legitimidad de la protesta y la calificaron como "política" y "opositora", argumentando que los organizadores buscaron fines ajenos al bienestar educativo y trataron de desestabilizar la gestión financiera.
El conflicto legal escaló luego de que la normativa recorrió un camino accidentado que incluyó su sanción inicial en el Congreso y un posterior veto por parte del Presidente de la Nación. Pese a que ambas cámaras legislativas insistieron con el proyecto y lo restituyeron con una mayoría especial, la administración central optó por no ponerlo en marcha bajo el argumento de que los legisladores no aclararon de dónde saldría el dinero. Según los informes técnicos elaborados por la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal de esta medida representaría apenas el 0,14% del PBI, una cifra que los sectores universitarios consideraron totalmente manejable dentro del esquema estatal vigente durante este año.
La postura del Gobierno
Desde las oficinas de la Casa Rosada proyectaron que el cumplimiento efectivo de la ley demandaría una inversión total de 1,9 billones de pesos, lo cual generó un fuerte rechazo oficial por considerar que tal gasto pondría en serio riesgo el superávit y la estabilidad de las cuentas públicas. Para justificar la falta de reglamentación, el Poder Ejecutivo se amparó en lo que dicta la Ley de Presupuesto N° 24.629, la cual determina que cualquier reglamento que ordene desembolsos tiene que detallar cómo se van a pagar esos costos de forma específica. El texto de dicha norma aclara que "toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos" para evitar desfasajes en el tesoro.
La normativa vigente establece pautas muy rígidas para la incorporación de nuevas obligaciones financieras y señala explícitamente sobre el mecanismo de control que "En caso contrario -prevé- quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional". Esta interpretación jurídica trabó la llegada de los fondos a las aulas y obligó a que la disputa se trasladara a los tribunales federales, donde la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal decidió otorgar al Gobierno un Recurso Extraordinario Federal. Con este paso procesal, la aplicación de las mejoras quedó totalmente paralizada hasta que los jueces del máximo tribunal emitan su dictamen definitivo sobre la cuestión de fondo.
La respuesta oficial
La respuesta oficial llegó mediante una gacetilla de la Presidencia que buscó minimizar el impacto del reclamo al sostener que existen intereses que intentaron distorsionar la realidad de la gestión educativa actual. "Desde que asumió esta administración, la política ha tratado de instalar, escudándose detrás de una causa noble, que el Gobierno quiere desfinanciar las universidades o directamente cerrarlas", indicó el texto difundido este martes como respuesta a la masiva presencia de alumnos y docentes en las calles. Los funcionarios insistieron en que el compromiso con el equilibrio financiero es innegociable y que no se van a autorizar pagos que no posean un respaldo presupuestario concreto y real dentro de la planificación del corriente año.
El manifiesto del Consejo Interuniversitario Nacional
Durante el cierre del acto principal se leyó un manifiesto redactado por el Consejo Interuniversitario Nacional donde los rectores y representantes gremiales expresaron su preocupación por el incumplimiento de las leyes aprobadas por el Poder Legislativo. El documento subrayó que "Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho", marcando una postura firme frente a la estrategia de la Casa Rosada. En el tramo final del discurso, los manifestantes elevaron un pedido directo a los ministros de la Corte Suprema para que agilicen el trámite judicial y les solicitaron: "Escuche el clamor de las plazas de toda la República y no permita que el Gobierno nacional siga incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario".
¿Cuál es el impacto económico de la Ley de Financiamiento Universitario?
El impacto económico de la Ley de Financiamiento Universitario representaría apenas el 0,14% del PBI, lo que equivale a 1,9 billones de pesos, según los informes técnicos elaborados por la Oficina de Presupuesto del Congreso. Esta cifra se considera manejable dentro del esquema estatal vigente durante este año, sin embargo, el Gobierno argumenta que tal gasto pondría en serio riesgo el superávit y la estabilidad de las cuentas públicas. La disputa por la aplicación de la ley se trasladó a los tribunales federales, donde la Corte Suprema de Justicia deberá tomar una decisión definitiva.
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