Los magistrados deben resolver si exigen al Poder Ejecutivo transferir 2,5 billones de pesos adeudados a las casas de estudio, mientras el oficialismo busca proteger el superávit fiscal pactado.
El máximo tribunal de justicia del país quedó a un paso de dictar el fallo resolutorio sobre el conflicto monetario que enfrenta a la administración central con las instituciones de educación superior. Los magistrados deben analizar el pedido de queja excepcional interpuesto por el equipo de Javier Milei, luego de que los dictámenes previos favorecieran los reclamos del Consejo Interuniversitario Nacional. Si los jueces deciden desestimar la apelación oficial, la normativa aprobada por el Poder Legislativo quedará firme y forzará al Estado a desembolsar de forma automática los giros adeudados para garantizar el funcionamiento edilicio, los salarios y las becas.
El eje del debate jurídico radica en el impacto económico de la medida. Desde el entorno presidencial justificaron su negativa al advertir que acatar estos pagos causaría un "grave e irreparable perjuicio" a las arcas públicas. Los funcionarios explicaron que transferir los 2.500.000.000.000 de pesos exigidos por el sector educativo pondría en riesgo la meta de 6.200.000.000 de dólares de ahorro primario, una cifra indispensable para sostener el saldo positivo del 1,4% del producto bruto interno acordado previamente.
La presión sobre los magistrados
La presión sobre los magistrados creció notoriamente este martes 12 de mayo con el desarrollo de una nueva movilización masiva en el plano local y en distintos puntos de la geografía nacional. Durante la manifestación, las autoridades académicas exigieron a la justicia "que no permita que el Gobierno siga incumpliendo la ley de Financiamiento". Las cifras de concurrencia mostraron fuertes divergencias, ya que voceros de la sede porteña calcularon unos 600.000 asistentes, mientras que el titular del órgano interuniversitario, Franco Bartolacci, estimó la presencia de 1.500.000 personas.
Durante el acto central, los rectores leyeron un texto donde calificaron al estado financiero actual como "crítico" y enfatizaron que el Poder Ejecutivo "incumple la regla democrática y constitucional básica: cumplir la Ley de Financiamiento Universitario que establece un piso recursos que asegura el normal desenvolvimiento del sistema". A su turno, Bartolacci tomó el micrófono y sentenció: "Marchamos en defensa de la democracia, del estado de derecho, no es que la ley vale cuando me gusta y cuando no me gusta no vale. Dentro de la ley todo, fuera nada. Cumplan con la ley de Financiamiento Universitario".
El malestar de los profesores
El malestar de los profesores radica en la paralización de las negociaciones de sueldos desde principios del 2024. Los informes sectoriales detallaron que, frente a un aumento de precios del 293,30% entre el último mes del 2023 y marzo del 2026, los recibos solo percibieron un ajuste del 147,30%. Esta diferencia generó una merma del poder de compra del 37,13%, lo que equivale a perder alrededor de 10,9 ingresos mensuales por cada trabajador. El documento gremial alertó que esta realidad provocó un "empeoramiento generalizado de las condiciones de trabajo" y causó "renuncias de cuadros formados, reducción de las dedicaciones, pluriempleo y crisis en las obras sociales".
Los sindicatos recalcaron de forma tajante: "Las y los trabajadores de las universidades públicas cobran salarios que no nos permiten llegar a fin de mes y cubrir las necesidades básicas". Para ilustrar esta crisis, las agrupaciones difundieron un listado con las escalas de ingresos actuales frente al costo de la canasta básica total, la cual alcanzó los $1.434.464 mensuales:
- Un profesor titular recién iniciado percibe $1.898.740,01 brutos.
- Un docente con el mismo cargo y una década de antigüedad llega a los $2.373.425,01.
- Los auxiliares de primera categoría apenas superan la mitad del escalafón más alto, con $1.062.708,05 iniciales, quedando por debajo de la línea de pobreza.
Sumado al conflicto de ingresos, el sistema padece un derrumbe general del 30% en su partida anual, marcando la inversión estatal por alumno más baja desde el bienio 2004 y 2006. Además, el freno a los envíos de capital implicó la quita de $5.303.000.000 destinados a infraestructura del conocimiento, impactando de forma asimétrica sobre el funcionamiento de 13 dependencias:
- La sede platense perdió $1.043.000.000 de su presupuesto.
- Los edificios de San Martín y Avellaneda sufrieron podas de $700.000.000 cada uno.
- El centro de Río Cuarto restó $680.500.000 de sus ingresos planificados.
- El polo de Entre Ríos vio esfumarse $540.000.000 para sus obras.
La resolución inmediata
Para cerrar el reclamo y visibilizar la urgencia de la situación ante los jueces del máximo tribunal, el documento oficial de los rectores exigió una resolución inmediata para evitar el desmantelamiento del circuito de educación superior. El comunicado concluyó con una fuerte advertencia sobre el porvenir de la ciencia local: "No permitamos que los pilares de nuestras universidades, trabajadores docentes, nodocentes, investigadores y estudiantes, sean expulsados del sistema. Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el país será solo un sueño. Es aquí y ahora. ¡La universidad pública se defiende! ¡Por más y mejor educación pública y ciencia!".
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