La compañía avícola paralizó sus operaciones en la planta entrerriana tras semanas de tensión gremial y falta de liquidez, dejando en suspenso la continuidad laboral de 1.000 trabajadores en un contexto económico sumamente adverso.
La crisis que atraviesa Granja Tres Arroyos alcanzó un punto de máxima tensión este miércoles 27 de mayo de 2026, tras el anuncio del cierre por tiempo indeterminado de su planta en Concepción del Uruguay. Esta unidad productiva, considerada una de las más relevantes del grupo empresarial, emplea a cerca de 1.000 trabajadores que hoy observan con incertidumbre su futuro laboral. La decisión de la compañía de paralizar las operaciones en Entre Ríos se formalizó a través de un comunicado oficial donde la firma responsabilizó de la medida a los “continuos conflictos sindicales”. Según fuentes gremiales que confirmaron la novedad tras una asamblea realizada en un camping del sector, “la planta de Granja Tres Arroyos cerró sus puertas hasta nuevo aviso”.
La situación operativa y financiera de la empresa
La situación operativa se vio fuertemente erosionada en los últimos meses, reflejando un desplome del 70% en el volumen de faena. Mientras que la capacidad histórica de la empresa alcanzaba los 700.000 pollos diarios, los registros actuales al 26 de mayo de 2026 indican que la producción cayó a 200.000 unidades por día. Esta realidad operativa está respaldada por una delicada salud financiera que incluye una deuda consolidada superior a los $51.700 millones dentro del sistema financiero y obligaciones previsionales exigibles que ascienden a los $7.272 millones. A este escenario se suma el impacto administrativo de diversos compromisos impagos:
- Deuda financiera total: $51.700 millones.
- Deuda previsional exigible: $7.272 millones.
- Cheques rechazados al 19 de febrero de 2026: 224 documentos por un total de $7.064.984.614,99.
El conflicto gremial y la decisión de cierre
En su comunicación oficial, la empresa argumentó que el cierre obedece a “los constantes conflictos gremiales que paralizaron sus operaciones generando un quiebre en la cadena de producción avícola de la región”. La compañía detalló que en el último tiempo debió gestionar “trabajadores en constante paro, trabajo a desgano y un altísimo nivel de ausentismo”, factores que, según su visión, dinamitaron la previsibilidad necesaria para mantener el establecimiento en marcha. Asimismo, denunció la existencia de “actitudes violentas y bloqueo por parte de algunos responsables sindicales hacia trabajadores que manifestaban su voluntad de trabajar”. Este conflicto no es nuevo, dado que en enero de 2026 la planta ya había sufrido una paralización total de 10 días, marcando la medida de fuerza más extensa de la compañía en territorio entrerriano desde el año 2001.
Intentos de ajuste y reestructuración
Previo a esta determinación extrema, la empresa intentó implementar diversos planes de ajuste para evitar la interrupción total de sus actividades. Semanas atrás, se acordó con los gremios un esquema de trabajo de cuatro días por semana, permitiendo que el personal cobrara parcialmente las jornadas no laboradas. Aquella decisión formaba parte de una reestructuración más profunda que incluyó la reducción de jornadas en otras plantas, el pago escalonado de salarios y la apertura de retiros voluntarios. Es preciso recordar que en enero, tras una mediación de la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos, un funcionario provincial había señalado que “el entendimiento también contempla un esquema para el pago de los haberes futuros, lo que permitió garantizar la continuidad productiva de la planta y la preservación de los puestos de trabajo”. En aquel momento, la empresa sostuvo ante las autoridades que “la empresa manifestó una total voluntad de continuidad empresaria dentro de la provincia”.
El futuro incierto de la empresa y sus trabajadores
La situación operativa se vio fuertemente afectada por factores externos, como el cierre de mercados de exportación por la gripe aviar, la pérdida de competitividad y “el fuerte deterioro de las condiciones económicas del sector”. Si bien la Organización Mundial de Sanidad Animal confirmó que Argentina recuperó su estatus sanitario libre de influenza aviar el 27 de abril de 2026, la empresa ya había avanzado en un procedimiento preventivo de crisis y debió afrontar sus obligaciones “de manera escalonada y en cuotas”. A esto se le adicionó la pérdida de una gran parte de su red de productores integrados, quienes optaron por abandonar el sistema ante los atrasos en los pagos y las dificultades en el abastecimiento de insumos.
El futuro de la empresa y sus trabajadores es incierto. En el sector, el temor de los trabajadores apunta a una posible maniobra de reestructuración que afecte la estabilidad de sus más de 5.000 empleados a nivel nacional. Muchos temen que la compañía busque consolidar un monopolio mediante un eventual vaciamiento de la firma Cresta Roja. Ante este panorama, y a pesar de la clausura de la planta en Concepción del Uruguay, la empresa afirmó que continuará “abocada a la búsqueda de soluciones” para sostener sus actividades y preservar las fuentes laborales. La compañía concluyó su mensaje expresando que espera encontrar “canales de entendimiento” que permitan retomar las operaciones en el futuro, mientras persisten las dudas sobre su capacidad real de recuperación en medio de este escenario de deuda en aumento y tensión permanente.
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