Las empresas locales solicitaron una urgente recomposición tarifaria al Concejo Deliberante. Choferes denuncian salarios adeudados y advierten sobre el grave deterioro mecánico de las unidades que circulan diariamente.
La crisis del transporte público en el plano local sumó un nuevo capítulo luego de que las concesionarias presentaron una nota formal ante el Concejo Deliberante. La misiva fue elaborada por la histórica compañía operadora de las líneas azules y por Micro Ómnibus Nueva Pompeya S.R.L., empresa encargada de las líneas verdes.
A través del documento dirigido al presidente del cuerpo deliberativo, Marcelo Schwarz, las autoridades de ambas firmas solicitaron una urgente recomposición tarifaria, pusieron en duda su continuidad a corto plazo y alertaron sobre su posible ausencia en la futura licitación del servicio.
La situación económica del sector
En el expediente, los empresarios pidieron una revisión urgente de la fórmula polinómica vigente y reclamaron llevar el boleto plano a 2.300 pesos. Argumentaron que este valor surgió tras la evaluación de los costos reales de explotación, cifra que permitiría recomponer los ingresos necesarios para garantizar el funcionamiento del esquema de colectivos. Actualmente, la tarifa plana urbana se ubica en 1.342,42 pesos, mientras que el boleto obrero cuesta 1.073,94 pesos y la tarifa social exige 604,09 pesos. Estos montos se abonan de manera exclusiva a través del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE).
El deterioro económico del sector encuentra un antecedente contextual de peso en febrero de 2024, fecha en la que el Gobierno Nacional anunció formalmente la eliminación del Fondo Compensador del Interior, la principal herramienta de asistencia estatal que subsidiaba el costo del pasaje en los distritos alejados del Área Metropolitana de Buenos Aires.
La situación de los trabajadores
La gravedad del escenario no se limita únicamente a los números que exhibieron las empresas. Los trabajadores señalaron que al día de hoy no percibieron siquiera el 70% de los haberes correspondientes al mes de mayo, lo que configuró un contexto de profunda incertidumbre. Al describir la realidad laboral de los choferes, los empleados resumieron el panorama de manera tajante: "Todos los meses trabajamos sin saber cuándo vamos a cobrar".
Según relataron los propios conductores, la falta de recursos también quedó expuesta en la vía pública. Aseguran que numerosas unidades se encuentran en un estado general que calificaron como "nunca antes visto" y explicaron que las constantes roturas terminan por afectar la prestación diaria del servicio.
Si bien existen frecuencias teóricas que establecen salidas puntuales desde las cabeceras, la disponibilidad real de vehículos suele variar debido a los continuos problemas mecánicos. Estas fallas impactan de forma directa sobre miles de usuarios que utilizan los colectivos cada día para viajar entre diversos puntos de la ciudad y la vecina localidad de Quequén.
El futuro del transporte público
El pedido de aumento ingresó al recinto legislativo en una instancia crítica, ya que los actuales contratos vencen durante los primeros días del mes de julio. En la presentación, las prestadoras advirtieron que, de no concretarse una rápida recomposición de la tarifa, les resultará materialmente imposible asumir una nueva prórroga de las concesiones vigentes. Al mismo tiempo, el Ejecutivo local, encabezado por el intendente Arturo Rojas tras ser reelecto por su partido vecinalista, impulsa el proceso licitatorio para adjudicar el control del transporte público por los próximos 20 años.
En este marco, las operadoras remarcaron que el actual esquema de tarifas podría transformarse en un obstáculo severo para participar de esa próxima licitación municipal. Esta advertencia oficial abrió múltiples interrogantes sobre el futuro inmediato del sistema, en un momento donde las quejas por las demoras y el estado de la flota dominan el reclamo de los pasajeros.
Mientras las firmas exigen actualizar sus ingresos para seguir operando en la calle, los choferes esperan el depósito total de sus salarios adeudados y los usuarios conviven con un servicio envuelto en cuestionamientos constantes.
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Veo que el problema que reclaman las empresas locales de micros proviene de la decisión (a mi entender equivocada) del Gobierno Nacional de recortar subsidios al sector, lo que hace insostenible económicamente que dichas empresas puedan continuar trabajando. Ahora lo están haciendo a pérdida, inclusive con demora en pagar a los choferes. Ahi viene el pedido que hacen al Concejo Deliberante para que les autorice aumentar las tarifas. Ahora veremos que decisión toman los concejales.