Afirman que 53 empresas chinas operan bajo bandera argentina con subsidios encubiertos, lo que les da una ventaja desleal para dominar el mercado de exportación del calamar.
Una foto de la misión Artemis II tomada desde el espacio, que captó la intensa iluminación nocturna de los buques en el Mar Argentino, sacó a la luz una verdad preocupante sobre nuestro sector pesquero. Un reciente informe elaborado por el investigador Milko Schvartzman reveló que el 63,1% de los barcos poteros que operan con bandera nacional dentro de la Zona Económica Exclusiva pertenece en realidad a empresas de origen chino. Específicamente, 53 de las 84 embarcaciones dedicadas a la captura del calamar tienen como dueños finales a cinco grandes corporaciones de la potencia asiática.
El dominio de estas agrupaciones comerciales se sostiene gracias a los beneficios fiscales encubiertos que reciben por parte de Beijing. Las normativas de ese país consideran que los calamares pescados por sus filiales en aguas extranjeras son productos nacionales, quedando completamente exentos de pagar el 12% de arancel de importación y el 9% de Impuesto al Valor Agregado. Esta asistencia estatal les otorga una ventaja económica directa del 21% por encima de los competidores locales e independientes a la hora de comercializar el recurso en el mercado asiático.
Semejante beneficio impositivo genera un impacto financiero enorme que acelera la concentración del negocio pesquero. Al proyectar la actividad registrada entre enero y abril de 2026, se calcula que estas corporaciones chinas lograron una ganancia adicional de USD 45 millones en comparación con los armadores locales. Este excedente les permite cubrir fácilmente los altos costos portuarios argentinos y adquirir unas diez embarcaciones usadas al año, valuadas en un promedio de USD 4,5 millones cada una, desplazando a las firmas nacionales y extranjeras.
Esta política de expansión fue ratificada por documentos oficiales del país asiático y aprovechó la falta de rigurosidad en los controles del Estado nacional. Pese a que varias de estas firmas y sus embarcaciones registran antecedentes de pesca ilegal, sanciones o uso de banderas de conveniencia, las autoridades flexibilizaron las exigencias a lo largo de los años y otorgaron los permisos sin obligar a las compañías a detallar cómo están compuestos realmente sus capitales.
A la competencia desleal y la falta de transparencia se le sumaron graves denuncias por fraude laboral y maniobras operativas irregulares. La investigación documentó que estas firmas contratan capitanes argentinos que suben a los buques como simples pasajeros para simular el cumplimiento de las leyes locales, mientras el mando real queda en manos de ciudadanos extranjeros. Además, se alertó sobre la mezcla de los pescados obtenidos legalmente con capturas clandestinas realizadas fuera de las 200 millas, lo que pone en riesgo las certificaciones internacionales, en un contexto de serias irregularidades vinculadas a los derechos humanos de la tripulación.
El escenario a futuro resulta crítico frente a la reciente apertura de una convocatoria para otorgar 18 nuevas licencias pesqueras, donde el Consejo Federal Pesquero volvió a omitir la exigencia de información transparente sobre los dueños reales de las firmas. El especialista a cargo del reporte fue determinante al advertir que resulta imposible competir contra esa enorme diferencia de costos operativos, concluyendo que si continúa este proceso de adquisición impulsado por subsidios extranjeros, en menos de una década la totalidad de la flota calamarera argentina será propiedad de China.
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Cuánta corrupción que permite el Estado Nacional en este tema de orden pesquero. ..! Se vé que algunos funcionarios hacen negocios turbios, en vez de realizar controles a la pesca ilegal en aguas argentinas por parte de pesqueros chinos.