El exministro de Planificación sumó su cuarta condena por corrupción al ser hallado culpable del desvío de las licitaciones para ampliar los gasoductos Norte y Sur entre 2006 y 2008.
El Tribunal Oral Federal N.º 2 condenó a Julio De Vido, exministro de Planificación de 76 años, a tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La resolución se dictó tras hallarlo culpable como partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en el marco de las contrataciones adjudicadas a la empresa constructora brasileña Odebrecht para la ampliación de los gasoductos Norte y Sur.
El fallo también alcanzó a otros exfuncionarios del área energética. El exsecretario de Energía, Daniel Cameron, recibió una pena de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua, mientras que el exsubsecretario de Combustibles, Cristian Folgar, fue condenado a dos años y seis meses de prisión condicional junto a la misma sanción para ocupar cargos en el Estado. Por otro lado, Luis Beuret y Julio Armando Bragulat resultaron absueltos por el tribunal.
Como parte de las disposiciones complementarias de la sentencia, los tres exfuncionarios condenados deberán fijar un domicilio ante la justicia y permanecer bajo el estricto control y supervisión de un Patronato durante todo el plazo que duren sus respectivas condenas. El tribunal interviniente anunció que los fundamentos completos de este veredicto se darán a conocer de manera oficial el próximo 4 de septiembre.
Esta resolución judicial representa la cuarta condena por delitos de corrupción que acumula el exministro de Planificación Federal en su historial procesal. Actualmente, De Vido se encuentra bajo el régimen de prisión domiciliaria en su propiedad ubicada en la localidad de Zárate, un beneficio que le fue otorgado a comienzos de mayo de 2026 por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal.
Previamente, el exfuncionario ya había recibido una condena firme por el delito de administración fraudulenta vinculada a la Tragedia de Once, a la que se sumó otra pena de cuatro años de prisión dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 7 por irregularidades en la adquisición de buques con Gas Natural Licuado (GNL), proceso en el cual se le ordenó restituir una suma millonaria al erario público.
Antes de que se procediera a la lectura formal de las penas, Julio De Vido tomó la palabra para agradecer las facilidades que le otorgó el tribunal tras haber padecido un problema cardíaco aproximadamente un mes atrás, cuadro de salud que le impidió presenciar el desarrollo del debate de manera presencial. En su intervención, el exministro también aprovechó la oportunidad para valorar y destacar la labor técnica desplegada por su equipo de abogados defensores a lo largo de todo el proceso penal.
Por su parte, Cristian Folgar centró su exposición en cuestionar la excesiva prolongación temporal de la investigación judicial. "Estamos en el 2026 juzgando hechos del 2006. El paso del tiempo nos aleja de la idea de que el juicio pueda ser justo porque a veces no se puede producir prueba", enfatizó el exsubsecretario, quien además argumentó que debido a la cantidad de años transcurridos muchos de los testigos citados ya no lograban recordar con precisión las acciones que habían ejecutado en sus puestos de gestión.
Folgar defendió las políticas y decisiones adoptadas durante el período investigado sosteniendo que las obras de infraestructura civil eran urgentes e indispensables para el país. Según sus declaraciones, los contratos se firmaron bajo un contexto crítico en el cual Argentina atravesaba una severa emergencia energética provocada por la falta de capacidad de transporte en las redes de distribución existentes.
La causa judicial
La causa judicial puso la lupa sobre el presunto direccionamiento y manipulación de los procesos licitatorios correspondientes a la segunda ampliación de las redes de infraestructura operadas por Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Transportadora de Gas del Sur (TGS). Las maniobras bajo investigación se concentraron específicamente en el período comprendido entre los años 2006 y 2008.
Dentro de los elementos recabados durante la instrucción del expediente, se detectaron documentos que acreditaron que la firma constructora Odebrecht mantuvo contactos de carácter formal con la Secretaría de Energía y con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) en octubre de 2005, meses antes de que se concretara la apertura oficial del concurso de oferentes para la adjudicación de los trabajos en los gasoductos.
Durante la etapa de los alegatos finales, el fiscal federal Diego Luciani solicitó las penas para los involucrados tras asegurar que los exfuncionarios públicos impulsaron y diseñaron deliberadamente un entramado legal específico para beneficiar de forma directa a la compañía multinacional de origen brasileño. En sus conclusiones frente a los magistrados, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que se montó una “compleja ingeniería burocrática” y una “verdadera coreografía administrativa” para adjudicarle a la empresa brasileña la ampliación de los gasoductos, lo que constituyó en la práctica "un auténtico traje a medida de Odebrecht".
Por el contrario, los abogados defensores de los acusados reclamaron la absolución total de sus representados de manera unánime. Los argumentos de las defensas se basaron en que las contrataciones directas y los procedimientos excepcionales no respondieron a un favor empresarial, sino que fueron la respuesta administrativa obligada para hacer frente a la crisis y emergencia energética global que afectaba el normal suministro de gas en todo el territorio de la República Argentina.
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OTRO DE LOS CHORROS AMIGO DE LA JEFA CONDENADA DE LA BANDA QUE NOS DESGOBERNO Y ROBO DURANTE AÑOS. NO SE MERECE OTRA COSA QUE AÑOOSSSSS DE CARCEL JUNTO A LA CONDENADA.
Que pague con la cárcel este corrupto de De Vido.