El máximo tribunal rechazó los reclamos del Gobierno, confirmó la ley universitaria y ordenó actualizar los sueldos docentes y las beca.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó una presentación del Gobierno nacional y dejó firme la medida cautelar que obliga al Estado a dar cumplimiento a la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión judicial impacta de manera directa en la actualización de los salarios de los trabajadores docentes y no docentes del sistema de educación superior, además de exigir la recomposición de las partidas destinadas a los programas de becas estudiantiles.
La resolución del tribunal
El máximo tribunal del país desestimó la queja del Poder Ejecutivo al argumentar que el recurso extraordinario presentado no cumplía con los requisitos legales fundamentales. Según explicaron los magistrados, la denegación parcial que originó el reclamo oficial no se dirigía contra una sentencia definitiva ni contra una resolución equiparable a tal condición, un requerimiento técnico obligatorio establecido en el artículo 14 de la Ley 48.
A raíz de este defecto formal, el tribunal supremo tomó la determinación de rechazar tanto el pedido de excusación planteado como la presentación directa de la administración nacional. Al mismo tiempo, los jueces intimaron a la parte recurrente para que efectúe el depósito económico estipulado en el artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación dentro del ejercicio financiero que corresponda, una obligación de pago que se encontraba postergada bajo los términos de la Acordada 47/91.
Medida cautelar y financiamiento universitario
La medida cautelar que quedó ratificada afecta específicamente a lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. Esta normativa establece que el Estado nacional debe recomponer los sueldos de todo el personal de las universidades públicas desde el 1° de diciembre de 2023 hasta el momento exacto en que se sancionó la ley, además de garantizar el financiamiento de los esquemas de ayuda social para los estudiantes.
La resolución judicial que frena el planteo oficial llevó la firma de los tres ministros que integran el tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El pronunciamiento de los magistrados obliga al Gobierno a dar marcha atrás con sus reclamos procesales y someterse a lo dictado por la legislación de financiamiento aprobada por el Congreso de la Nación.
Compromiso asumido por la administración pública
El conflicto legal sumó este capítulo luego de que el propio Poder Ejecutivo firmara un acta acuerdo el pasado 10 de junio. En aquel documento, la gestión nacional se había comprometido por escrito a transferir los recursos financieros necesarios para garantizar una serie de mejoras presupuestarias específicas para el sector.
Los puntos centrales del compromiso asumido por la administración pública en dicha oportunidad contemplaban las siguientes asignaciones:
- Un incremento de la masa salarial equivalente al 24,33%.
- Una suba del 20% en los conceptos vinculados a gastos de funcionamiento generales de las instituciones.
- Una ampliación presupuestaria específica destinada a los hospitales que dependen de las universidades de todo el país.
Enviá tu noticia 
Bien por la Corte Suprema de Justicia. Ahora el gobierno nacional deberá implementar la Ley de Financiamiento Universitario, que fuera aprobada por el Congreso Nacional.