La denuncia fue presentada por un usuario de Edesur en la Ciudad de Buenos Aires, quien cuestionó los reiterados cortes de luz y el estado de la red eléctrica de la empresa.
Claudio Lamela, abogado penalista y usuario del servicio eléctrico, presentó en febrero de 2025 una denuncia penal contra directivos de la empresa luego de atravesar una seguidilla de problemas con el suministro. Según su presentación, sufrió 12 cortes en apenas dos semanas y uno de ellos se prolongó durante casi tres días. La falta de electricidad también afectó el abastecimiento de agua en su edificio, debido a que las bombas dejaron de funcionar.
La denuncia no estuvo basada únicamente en la situación personal que había atravesado Lamela. El abogado presentó un escrito de 21 páginas en el que incorporó distintos reclamos documentados y puso especial atención en las conclusiones de una auditoría técnica integral realizada en 2023 por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad sobre la infraestructura de la empresa.
Ese informe advertía que la red operaba prácticamente en el límite de la capacidad técnica de las instalaciones disponibles y señalaba que no existía una inversión real suficiente, sino intervenciones consideradas como “parches”. También indicaba que parte del equipamiento utilizado correspondía a las décadas de 1940 y 1960 y que más del 60% de los equipos de alta tensión tenían una antigüedad superior a los 40 años.
De acuerdo con las conclusiones de la auditoría incorporadas al expediente, la propia empresa admitía que el nivel de inversión se encontraba cerca de un 85% por debajo de lo que requería el sistema. A partir de esos elementos, Lamela planteó la posible comisión de cuatro delitos y solicitó ser reconocido como querellante, con el objetivo de intervenir en el proceso y pedir la producción de distintas medidas de prueba.
La investigación quedó radicada en el Juzgado Federal N°12 y estuvo a cargo de la Fiscalía Federal N°4. Sin embargo, según lo expuesto por el abogado, no fue convocado a prestar declaración, tampoco se llamó a declarar a testigos y no se dispuso una pericia destinada a revisar técnicamente el estado de la red eléctrica.
La principal medida de prueba tomada durante esa etapa consistió en requerir información al ENRE. El organismo informó que en 34 jornadas del verano de 2025 se habían contabilizado 182.489 reclamos vinculados con interrupciones del suministro en la Ciudad y que en una sola fecha llegaron a registrarse 342.641 usuarios afectados.
Los problemas continuaron posteriormente. El 31 de diciembre de 2025, una falla registrada en la subestación Bosques provocó un corte que alcanzó a 1.085.000 usuarios, de acuerdo con los datos incluidos en el expediente. En mayo de 2026, una explosión ocurrida en la subestación Centenario dejó afectados a otros 100.000 usuarios.
En agosto, incluso después de que la causa había sido archivada, Lamela volvió a reunir elementos para intentar respaldar su planteo. Diecisiete vecinos de una misma cuadra del barrio de Flores, que habían padecido interrupciones de entre 30 y 78 horas, firmaron sus reclamos y fueron ofrecidos como testigos. El juzgado no los convocó y sostuvo que esos hechos debían investigarse dentro de otro expediente.
El 16 de julio de 2026, pese a los antecedentes incorporados, la fiscalía solicitó el archivo de la denuncia. Según el criterio adoptado, los hechos denunciados no tenían carácter penal y resultaban manifiestamente atípicos. También consideró que se intentaba trasladar al ámbito de la Justicia penal un conflicto que correspondía al terreno administrativo. Al día siguiente se concretó el archivo.
En esa misma resolución, además, fue rechazado el pedido de Lamela para intervenir como querellante. La explicación fue que, al no advertirse la existencia de un delito, tampoco correspondía admitir su participación bajo esa figura.
El abogado cuestionó esa decisión y planteó una contradicción: su pedido para participar fue rechazado porque la investigación ya estaba cerrada, pero sostuvo que el expediente había sido archivado sin darle la posibilidad de intervenir ni de producir las pruebas que había solicitado.
Lamela apeló la decisión y la Sala I de la Cámara Federal confirmó el archivo el 26 de agosto. En esa resolución, el tribunal sostuvo que, al no haber sido reconocido como querellante, existía una “imposibilidad de revisar la decisión de fondo impugnada”.
Ante esa situación, el abogado llevó su planteo a la instancia de Casación. El 17 de septiembre, la misma Sala rechazó el recurso por mayoría, mientras que el juez Bertuzzi votó en disidencia y sostuvo que correspondía habilitar la revisión solicitada.
Finalmente, el 22 de septiembre Lamela presentó una queja ante la Cámara Federal de Casación Penal. Ahora será ese tribunal el encargado de determinar si corresponde revisar el recurso presentado contra el cierre de la investigación.
Mientras tanto, el expediente también contiene datos sobre el comportamiento del servicio durante 2025. Entre marzo y agosto de ese año, las mediciones del ENRE registraron 5,04 interrupciones por usuario, frente a un máximo permitido de 2,07. Además, el tiempo acumulado sin suministro superó las 11 horas, mientras que el límite establecido era de 3,81 horas.
El planteo presentado por Lamela busca que la Justicia de Casación revise el cierre de la causa y que la denuncia pueda ser analizada antes de que el expediente quede definitivamente cerrado.
Fuente: Con información de Ámbito
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