La Cámara de Diputados iniciará este miércoles el debate en comisión de un proyecto del Gobierno que amplía las sanciones por explotar recursos en las zonas reclamadas por la Argentina.
La Cámara de Diputados abrirá este miércoles a las 12 el debate en comisión del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional enviado por el Gobierno de Javier Milei. La iniciativa endurece las sanciones contra empresas y personas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas y en los espacios marítimos e insulares reclamados por la Argentina sin autorización nacional.
El proyecto será analizado en un plenario conjunto de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. La primera reunión será informativa y contará con la exposición de funcionarios y especialistas. El oficialismo busca avanzar con un cronograma acelerado para intentar emitir dictamen el martes 6 de octubre y llevar la iniciativa al recinto al día siguiente.
Uno de los principales cambios es la ampliación del régimen vigente desde 2011, que estaba centrado principalmente en la exploración y explotación de hidrocarburos. La propuesta alcanza cualquier aprovechamiento no autorizado de recursos naturales, tanto renovables como no renovables, y establece sanciones administrativas y comerciales. También crea un Registro Público de Infractores, con consecuencias para quienes busquen contratar con el Estado o desarrollar determinadas actividades económicas.
El proyecto contempla además penas de hasta 20 años de prisión para quienes participen de determinadas actividades de exploración, explotación, extracción, transporte o almacenamiento de recursos en las zonas reclamadas por la Argentina, así como para quienes colaboren con esas operaciones. También incorpora la posibilidad de realizar juicios en ausencia cuando los acusados se encuentren fuera del territorio argentino.
La iniciativa suma modificaciones vinculadas con la seguridad y la defensa nacional, entre ellas la creación de un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente. También contempla mecanismos para proteger infraestructura crítica y medidas de emergencia sobre operaciones financieras y cambiarias, fondos y activos, autorizaciones, contratos y comercio exterior, atribuciones que concentran parte de las críticas opositoras.
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