Opinión
Publicado: 02 de diciembre de 2018
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@diarionecochea


¿El crimen de Lucía Pérez es un nuevo caso Maldonado?


Lucía Pérez apareció muerta en octubre de 2016 y a partir de ese momento empezaron a aparecer detalles que movilizaron a toda una sociedad. Cuestiones tremendas respecto de cómo habría muerto.

Sin embargo, pronto se supo que no fue empalada, su cuerpo no fue lavado, es altamente probable que haya muerto por inhalar cocaína y no existe posibilidad científica que pruebe su abuso sexual.

La Junta Médica de la Suprema Corte, en base al dictamen de cuatro peritos, fue concluyente al analizar toda la información de la causa en la que se investiga la muerte de la menor. Pero eso no importa. Porque a nadie ya le importa la “verdad”.

"Movió un país a partir del dolor y del horror derivados en una mentira", dijo el Tribunal en el fallo que absolvió a los imputados por los delitos de femicidio y abuso sexual.

Durante la lectura del fallo en el que el Tribunal de Mar del Plata decidió absolver a los imputados por el femicidio de Lucía y sólo condenarlos por la venta y suministro de drogas a ocho años de prisión, los jueces pidieron investigar por “incumplimiento en el deber de funcionario público” a la fiscal María Isabel Sánchez por haber hablado de empalamiento y abuso sexual cuando los peritos no lograron demostrarlo.

En la etapa investigativa, la fiscal dijo que Lucía había sido drogada y luego violada con tal violencia que le produjo la muerte.

Contó que en su carrera no había visto nada semejante, y que la chica había sido empalada. Los jueces sostuvieron que nada de eso pudo probarse en el debate. Media docena de peritos defendió sus informes durante el juicio, y ninguno concluyó que haya ocurrido abuso sexual.

Para los jueces, los dichos de Sánchez despertaron “una serie de reacciones de lo más dolorosas, fundamentalmente para los padres de la menor que hasta el día de hoy tienen que llevar a cuestas esta horripilante historia surgida de la propia imaginación” de la fiscal.

Fue por eso que el Tribunal dispuso remitir copia del fallo a la Procuración General bonaerense a fin de evaluar el posible delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” por parte de Sánchez.

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